jueves, 20 de octubre de 2011

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS: MÉXICO.


Presentación Oficial del Tribunal permanente de los Pueblos Capítulo México Entrega formal de la petitoria a la Secretaría General del TPP
Fecha: 2011-10-21
Lugar: Auditorio Alfonso Caso, Circuito Interior, a un costado de la Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria
En colaboración con: el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)

*Con la presencia del Secretario General del TPP Gianni Tognoni, de la secretaria operativa del TPP Simona Fraudatario, del Magistrado de la Corte de Casación de Francia y exPresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU Philippe Texier y del Magistrado de la Corte Suprema de Casación de Italia y Vicepresidente del TPP Franco Ippolito.

De 9:00 a 13:00 horas
Ceremonia de entrega de la petitoria a la Secretaría General del TPP, con el propósito de que sea presentado y se inaugure el Capítulo México.

Informes: 56 23 00 33, crijurid@yahoo.com.mx
Departamento de Difusión / María Gladys Castillo Guerrero
mgcg@unam.mx / 5623-0027

Programa de la Primera Jornada Pública
Posted on octubre 11, 2011 by admin
Viernes 21 de octubre de 2011

8:30 a 9:30 Registro de los asistentes

9:30 Bienvenida de parte del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y presentación de los asistentes

9:45 Presentación de los antecedentes y trayectoria del Tribunal Permanente de los Pueblos a cargo del Secretario General del mismo, Dr. Gianni Tognoni.

10: 15 Presentación general de la demanda y desglose de los contenidos específicos de cada audiencia.

11:40 Respuesta de los miembros del Jurado del Capítulo México del TPP Philippe Texier y Franco Ippolito a la petitoria presentada por la sociedad mexicana.

Cierre de la presentación a cargo del obispo Raúl Vera.

13:00 Conferencia de prensa a cargo del Comité de Garantes y organizadores del tribunal en el Auditorio Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía de la UNAM

16:00 Sesión de trabajo

TPP: un tribunal de conciencia para México
Posted on octubre 11, 2011 by admin
Luis Hernández Navarro
La Jornada
11 Octubre 2011
El próximo 21 de octubre arrancará la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México. En él se juzgará la violación a los derechos humanos en México. Culminará a finales de 2013 o principios de 2014. Buscará evitar que sus trabajos sean utilizados con fines electorales.

El TPP se fundó en 1979, hace 32 años, en Bolonia, Italia. Su función es hacer visibles y calificar en términos de derecho aquellas situaciones en las que se denuncian crímenes contra la humanidad. Tiene el objetivo explícito de convertir en permanente la función desempeñada por los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras en América Latina (1974-1976).

El proceso en México comenzó hace dos años, cuando organizaciones sociales, civiles, defensoras de derechos humanos e individuos entablaron contacto con la Fundación Lelio Basso, de Italia, que tiene a su cargo la continuidad del TPP, para solicitar que se llevara a cabo en México una sesión del TPP y que para ello se conformara la sección mexicana del tribunal.

Con este fin elaboraron distintos documentos y una petitoria formal en la que se muestran las violaciones a los derechos humanos en México. Recientemente, el TPP aceptó abrir un expediente relativo a la situación mexicana a partir de audiencias especializadas sobre distintos temas, donde se podrán presentar casos concretos que fundamentarán y profundizarán lo planteado por la petitoria aprobada, hasta llegar a la elaboración de una denuncia formal que pueda ser juzgada por este tribunal de conciencia en su audiencia final, la cual se celebrará en nuestro país hacia finales de 2013 o inicios de 2014.

El TPP está integrado por 130 miembros, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos.

A lo largo de su historia se ha reunido en más de 40 ocasiones, juzgando hechos acaecidos en muchos países, que implican desde situaciones de genocidio hasta crímenes ecológicos.

El TPP aspira a ser una tribuna permanente para dar la palabra y otorgar visibilidad a los pueblos que han sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales. La carta fundante que legitima su misión es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, proclamada el 4 de julio de 1976 en Argel. En ella se reconoce el derecho de los pueblos a existir y a la libre determinación.

La historia del TPP puede seguirse por conducto de sus hechos, de las sentencias que ha pronunciado, de la conceptualización que ha desarrollado, de la técnica jurídica que ha producido. Nace no como iniciativa, sino como instrumento. La calificación de permanente no es, en lo esencial, una connotación temporal o de duración de su mandato, sino que se refiere a su permanencia y a su trabajo sostenido.

El TPP es, simultáneamente, un instrumento, una tribuna, un espacio para la memoria, un mecanismo para dar visibilidad a los agravios y a los agraviados, un terreno para que la palabra fluya.

El título del expediente México del TPP es Tratados de libre comercio,guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Se ha propuesto la realización de siete audiencias temáticas: violencia, guerra sucia, impunidad y acceso a la justicia;feminicidios y violencia contra las mujeres; violencia contra los migrantes, e inmigración como algo forzado; trabajo, precarización y desregulación laboral, y violación a derechos laborales colectivos; violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía: los ataques del sistema agroalimentario industrial global contra la vida campesina y los pueblos indios; devastación ambiental: los efectos de la industrialización capitalista en los territorios de pueblos indios y población en general, y medios de comunicación, su pertinencia y su urgente independencia.

El antecedente central del TPP es el Tribunal Internacional contra los Crímenes de Guerra, formado para juzgar moralmente los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Vietnam.

Durante la sesión inaugural, Jean Paul Sartre sostuvo que los derechos de los individuos y los pueblos no pueden ser negados por razones de Estado. Explicó cómo el juicio de Nuremberg supuso una novedad histórica aunque fallida, un cambio esencial en materia jurídica y política: la sustitución de un derecho a la guerra por un derecho contra la guerra. Nuremberg –dijo el filósofo– desapareció, pues ninguna de las potencias estaba interesada en condenar prácticas coloniales. Ante la ausencia de instancias de supervisión judicial, el Tribunal Russell fue concebido para dar una respuesta ética.

El tribunal no fue designado por un Estado o por autoridad alguna. Careció de cualquier poder. Su legitimidad radicó precisamente en esta falta de poder, en su independencia con respecto a las potencias y en su universalidad. No recibió órdenes de gobiernos o de partidos. Sus miembros analizaron los hechos con sus almas y sus conciencias. No fueron fiscales ni pusieron sanciones. Su legitimación se obtuvo a posteriori, a partir de los resultados, en la medida en la que los pueblos estuvieron de acuerdo con su veredicto.

Estos principios siguen siendo válidos para el TPP. El tribunal echa mano de mecanismos jurídicos que cuestionan de raíz el modelo normativo neoliberal y que están al margen de las estructuras de poder. Utiliza las convenciones internacionales sobre derechos humanos sin las ataduras que crean los poderes mundiales y políticos. Parte de una idea de fondo: la lucha y la promoción de los derechos humanos se da por la vía jurídica. La base de los juicios del TPP son las convenciones sobre derechos humanos de carácter internacional.

El TPP es una conciencia ética de los pueblos, no un proceso jurídicamente vinculante. Parte de la idea de que el derecho debe dar visibilidad a la memoria.

La impunidad no es un asunto meramente judicial. La lucha contra ella –considera el tribunal– se realiza, también, desde los preceptos de verdad, justicia y reparación de daños para todos los pueblos que son víctimas de sus derechos fundamentales. Eso es justamente lo que se quiere hacer en México.


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lunes, 3 de octubre de 2011

COMITÉ 68: DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ZÓCALO

Comité 68

Discurso para ser pronunciado en el Zócalo

Base de la Declaración



2 de octubre de 2011.



Este aniversario del 2 de octubre, adquiere un significado mucho mayor por los fenómenos de violencia que se están viviendo en México por causas económicas, comerciales, financieras, geopolíticas y militares, reconocidas y semejantes a las de muchos otros países, con esto, se están configurando escenarios de violencia extrema y de guerra muy preocupantes, agravadas por la inutilidad de las medidas desgastadas e inconducentes aplicadas por el gobierno para atenderlos, en particular por las políticas neoliberales en asuntos de seguridad, justicia, educación y empleo, y por la cada vez más descarada intervención de las agencias de seguridad norteamericanas en todos los organismos y niveles de decisión política en México.



En un mundo integrado y globalizado, nadie puede sustraerse al efecto de sus principales determinaciones, y en efecto nos afectan los asuntos petroleros, de la migración, del negocio de las drogas en todas sus fases, de los regímenes políticos diferentes. Nos afectan a escala mundial los problemas de la paz, el desarrollo, el hambre, y los derechos humanos de la población (agraviada por la utilización de la fuerzas armadas en las políticas públicas frente a las drogas y la inmigración, y hasta los temas globales de recursos naturales y la amenaza del cambio climático), todos los cuales nos obligan en cada ocasión a pronunciarnos, pero en estas conmemoraciones significativas no sólo mediante intenciones declarativas generales, sino que requieren ser acompañadas de consideraciones específicas respecto a cada ente en lo particular, de cada actor político, ante cada problema, de cada gobierno, de cada nación, de cada organización, de cada pueblo.



En México estamos viviendo situaciones de violencia que alcanzan en sí mismas cifras muy altas y hasta espeluznantes.



Para agravar los problemas, debe decirse que hasta las más elementales prácticas racionales de la vida política están vulneradas y severamente cuestionadas. Hay una crisis de credibilidad extendida, hasta los supuestos datos duros están falsificados, manipulados o mal interpretados; se vive en un país de mentiras y de ocultamientos, de deformaciones de la verdad, de cercos informativos, de manipulación de realidades ficticias para preparar y justificar acciones de fuerza; de estigmatizaciones, de criminalización de segmentos enteros de la población. Los debates y los diálogos no son tales y en poco tiempo quedan exhibidos como monólogos inatendidos e inconexos.



La única verdad categórica que puede sostenerse inequívocamente ante la cantidad de datos acumulados, es que las víctimas de todos los tipos de violencia prevaleciente, de una manera o de otra, son sectores sociales o segmentos poblacionales genéricos, son partes del pueblo de México. Se está desarrollando una práctica de violencia oficial de “limpieza social” que está a punto de configurar el delito de genocidio.



Por eso, este 2 de octubre enarbolamos nuestras movilizaciones y actos en todo el país, con la exigencia de ALTO A LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO.



En la llamada “guerra contra las drogas” las muertes registradas, por su elevado número y por su identificación GENÉRICA estigmatizante COMO NARCOS o NARCOTRAFICANTES, ha conducido a una identificación gravísima con otros fenómenos de naturaleza diferente, como los migrantes por razones de refugio económico, o sectores de comercio ambulante, o de trata de personas, que acumulan también cifras muy altas de víctimas fatales y de casos de violaciones a derechos humanos establecidos.



Y en especial, de manera muy alarmante, con el sector juvenil sin acceso a la educación y sin empleos. Como secuela lastimosa de esa absurda guerra contra las drogas podemos demostrar y sostener que las cárceles están llenas, en un gran porcentaje, de inocentes o de personas con responsabilidades mínimas que pueden ser liberados mediante procedimientos sencillos de custodia ciudadana. Estimamos que podrían ser liberados prácticamente de inmediato 120 mil de los 200 mil presos que existen, que no se requiere construir más cárceles y menos privatizar esos establecimientos. En todo caso, como quiera que se les denomine o se caracterice puede afirmarse que la violencia registrada en este rubro es parte de una guerra contra el pueblo.



Lo mismo sucede con fenómenos asociados a negligencia criminal de las autoridades, por empeñarse en la aplicación de políticas desreguladoras y permisivas de explotaciones mercantiles y de lucro, ignorando las normas de seguridad establecidas y prohijando de esa manera los “accidentes fatales”. Los casos de la Guardería ABC en Sonora, de los mineros de Pasta de Conchos en Coahuila, de casos industriales de gravísimas contaminaciones como Anaversa en Veracruz, (igual que el caso de Bophal en la India ) con el uso de insecticidas y defoliantes como las dioxinas en la frontera norte, o las afectaciones previsibles en la minería a tajo abierto que se está impulsando en México, también son y han sido causa de daños fatales de la guerra contra el pueblo, desplegada en el terreno económico e industrial.



La política gubernamental de promoción de empleo, no sólo registra un déficit de medio millón de empleos al año y acumula los reconocidos 7.7 millones de jóvenes sin trabajo, sino que además añade casos reveladores como El despido masivo de 45 mil trabajadores electricistas realizado por medio de la fuerza armada y de medidas falsamente legales, con pretextos de insolvencia de una empresa que estaba en manos del Estado y de una prometida reorganización laboral, se han venido revelando como una explicación mentirosa y una versión cada vez más insostenible en términos racionales.



En verdad sucede que, esas acciones han lanzado a situaciones de apremio económico grave a esas familias dependientes al día de los ingresos suspendidos. Lo mismo sucede con el tratamiento que las autoridades laborales han dado a las huelgas mineras de Cananea y otros lugares, con pretextos de todo tipo. Cuando de lo que realmente se trata es de imponer una nueva legislación laboral lesiva y regresiva para los trabajadores. Esto también es parte de la guerra contra el pueblo.



También debemos señalar que México está viviendo una prolongada y grave crisis política que se expresa de manera particular en la actuación y desempeño de cada uno de los poderes públicos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que incluso en su más alto nivel viven en crisis permanente.



En este rubro se acumulan, además, los saldos no resueltos de los gravísimos crímenes de Estado perpetrados entre los años de 1968 y hasta 1982 junto con las burdas triquiñuelas judiciales para mantener la impunidad.



La denegación de justicia en México, por los crímenes del pasado y los del presente, está sostenida en la manipulación leguleya, el cinismo insultante y la hipocresía del doble discurso de las autoridades, que simulan acatar las disposiciones de legislación internacional, al tiempo que hacen todo lo posible por evadirlas e incumplirlas.



Hasta el momento, parece que de nada sirven la acumulación de nuevas y antiguias evidencias probatorias de los crímenes oficiales, de la actividad de agente de la CIA de Luis Echeverria, de su descarada promoción de la droga para propósitos de control políticos y su participación en los negocios de la droga por la vía de facilidades de infraestructura para el negocio.



A propósito de todo lo dicho, y de contraste queremos valorar y resaltar el importantísimo papel de la solidaridad y vigilancia internacional respecto a la vida política –en sus modalidades más graves de violencia- que ocurren en el país.



Para señalarlo de manera concreta debemos decir que, ante la visita de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, la Señora Navi Pillay, las autoridades no pudieron ocultar, ni descalificar o controvertir la existencia y las dimensiones del gravísimo fenómeno de la desaparición de personas en tiempos recientes. La cortina de silencio existente hasta hace unos cuantos meses, se desgarró dramáticamente hasta permitir visibilizar la naturaleza y el tamaño del fenómeno. Se pasó del reconocimiento de cuando mucho unas cuantas decenas de desaparecidos, a cifras del orden de 10 mil casos técnicamente susceptibles de ser considerados así.



De la misma manera, la vigilancia internacional ha sido determinante en la exigencia de cumplimiento estricto de los puntos de las sentencias dictadas por tribunales internacionales en contra del Estado Mexicano, por casos de violaciones graves a los derechos humanos. Caso Rosendo Radilla, que en ausencia de ese riguroso escrutinio internacional simplemente no hubiera sido ni siquiera formalmente acatado, como se atrevió la propia SCJN a cuestionar la obligatoriedad de cumplimiento de la sentencia.



El mayor engaño sin embargo, es la supuesta colaboración en asuntos de seguridad conjunta con los estados Unidos. La iniciativa Mérida, los ríos de ayuda económica y militar, las filtraciones de inteligencia para facilitar operaciones encubiertas, la operación de “rápido y furioso” para proporcionar y rastrear armas, la operación de bandas paramilitares, de vuelos no tripulados de aeronaves y de bases de espías y militares norteamericanos en funciones de cooperación están llevando a una situación de intervención extranjera especialmente grave. Todos y cada uno de esas políticas y esos asuntos deben ser revertidos, empezando por la dimisión de Genaro García Luna Secretario de la SSP y ´principal promotor de esas políticas.



En este 2 de octubre de 2011 la lucha contra la Violencia de todo tipo, nos reclama actualizar nuestras denuncias y demandas, avanzar en la formulación general y programática de las demandas populares. En el futuro inmediato, a la distancia, de días, semanas y pocos meses se estarán llevando a efecto decisiones fundamentales para la vida de México. Resoluciones concretas a problemas en curso, decisiones legislativas a problemas de seguridad, empleo, presupuestales y políticos. En todos esos casos la presencia reclamante de los movimientos sociales es una realidad creciente que debe ser atendida. Demandamos el ALTO A LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO. Exigimos ALTO ALA VIOLENCIA POLÍTICA.



¡2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA!

CON LOS ESTUDIANTES DE AYER Y DE HOY ¡VENCEREMOS!

CON LOS ESTUDIANTES DE MÉXICO, CHILE Y DEL MUNDO ¡VENCEREMOS!

Con los trabajadores electricistas, mineros, del transporte de aire, mar y tierra ¡Venceremos!

Con los maestros, los médicos y los trabajadores de salud ¡Venceremos!

Con los campesinos y los obreros del campo ¡Venceremos!



Fraternalmente

Comité 68



Alto a la guerra contra el Pueblo

¡

2 de Octubre No se Olvida! Juicio y castigo a los culpables


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