viernes, 10 de mayo de 2013

Cuarta Convencion contra la Imposicion


CONVOCATORIA 
IV CONVENCION NACIONAL CONTRA LA IMPOSICION



CONSIDERANDOS
1.- Que los pueblos de México, sus mujeres y hombres, se han empeñado desde hace más de 500 años, en construir desde su etnicidad y desde su identidad, su Estado, su Nación y sus respectivas representaciones a escala nacional, esfuerzos de solución para superar las condiciones de colonialidad, dependencia, subdesarrollo, neo
colonización, la destrucción de la República y de su vida cultural. Los pasos lentos, tortuosos, desgarradores y al mismo tiempo formativos de la historia popular, le han permitido a las fuerzas sociales, culturales y políticas de nuestros pueblos dotarse de un acumulado histórico y social que hoy tiene que ser convocado para encontrarse, articularse y armar pacientemente una estrategia de poder que le permita acceder a nivel protagónico en la conducción de los destinos de la patria; derrotar el proyecto y la conducción política neoliberal del Estado Mexicano; desmontar su composición oligárquica; redistribuir la riqueza nacional a favor de quienes la crean; desmercantilizar desde el espacio estatal la cotidianidad de las y los mexicanos; así como mitigar y superar la explotación entre hermanos.
2.- Que el proyecto bajo el cual se desenvuelve la vida nacional desde hace 30 años, se expresa en un proceso de ocupación nacional que les permite una apropiación avasalladora de los recursos de México a los poderes ilegales de la oligarquía, el narcotráfico y los intereses geoeconómicos y militares de países ricos, particularmente de los Estados Unidos de Norteamérica. En forma paralela y tan sólo en la última década se ha profundizado una crisis de la economía mundial bajo el predominio planetario de un solo país en los cambios políticos, ideológicos y militares del orbe, lo que ha inducido a que se someta a la patria a una crisis profunda y total, que se expresa en la mayoría de los ámbitos de la vida económica, política y cultural, pero sobre todo, en el agravamiento de los problemas de los pueblos de México. 
3.- Que este proceso de demolición de la patria, se ha venido sustentando con un desmantelamiento de la economía mexicana a través de la imposición de la agenda neoliberal; sumado a un vaciamiento del sentido de la política y la ética en la resolución de los grandes problemas de México, al tiempo que las políticas neoliberales se imponen de forma autoritaria, antidemocrática y con políticas de shock. Asimismo se destruye el sentido mismo de nación e identidad nacional mediante la mercantilización de las relaciones sociales, la apolitización de los ciudadanos y el individualismo como valor supremo. Este conjunto de políticas han construido la crisis moral del actual Estado Mexicano y aceleran la destrucción de los elementos constitutivos de la República.
4.- Que los elementos clave para darle curso a este proyecto antipatriótico, antipopular, antidemocrático y antiético, ha sido: a) la institucionalización de los golpes de estado constitucionales (los fraudes electorales y la usurpación de la Presidencia de la República en 1988, 2006 y 2012); b) la institucionalización de una alternancia “democrática” por la representación política de la derecha neoliberal , en el 2002 con la llegada del PAN a la presidencia de la República; c) fortaleciendo las estrategias de control social y de construcción del imaginario social por parte de las televisoras y medios de comunicación (Televisa, TV Azteca, Milenio, etc.) y; d) el rol protagónico que asumen las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia, cuyo propósito oculto consiste en legitimar su actuación en la criminalización de las oposiciones y la lucha social.
5.- Que en consecuencia, el pasado 1° de Diciembre del 2012, se consumó la usurpación del Poder Ejecutivo Federal a manos de las fuerzas golpistas empresariales, financieras, eclesiásticas, militares, mediáticas, del narcotráfico, magistrados, consejeros electorales y de poderes económicos y militares extranjeros, quienes le confieren de facto a Enrique Peña Nieto su representación política, mostrando de manera grotesca como las instituciones de la República, más que obedecer a la voluntad popular, se encuentran subordinadas a estos poderes ilegales. Para encubrir la carencia de legitimidad social, el nuevo régimen de usurpación en el país, se estrena con una brutal represión hacia el movimiento democrático nacional convocado por la Convención Nacional Contra la Imposición y otras fuerzas sociales, estudiantiles, magisteriales, tanto por fuerzas del orden federal como de destacamentos de la seguridad pública del Distrito Federal.
6.- Que la presidencia de facto de Enrique Peña Nieto, no sólo viene a violar los más elementales principios democráticos de la República, sino desde la ilegitimidad social, se viene a imponer las contrareformas laboral y educativa, preparando de manera simultánea una contrareforma hacendaria y otra energética. Desde la usurpación de la Presidencia de la República se ha lanzado un “Pacto por México” sin los mexicanos y en sentido contrario a los intereses nacionales; desde la usurpación lanzan una “Cruzada contra el Hambre”, cuando desde el poder federal y los poderes ilegales en el país, se construyen miseria, desempleo, salarios raquíticos, desnutrición y muertes asociadas al hambre. De manera paralela, se instala en República una nueva visión de la seguridad nacional con dos componentes que violentan sobremanera la soberanía nacional, una, que ésta es conducida por un extranjero de origen colombiano, Oscar Adolfo Naranjo, quien es un componente de los circuitos del narcotráfico internacional y al mismo tiempo, operador de la seguridad nacional norteamericana en México y; dos, se acelera el despliegue de la estrategia de expansión militar que implementa el Departamento de Estado Norteamericano en nuestro país, con lo cual, no sólo quiebra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de México y coloniza su conducción, sino que somete a una incertidumbre el futuro de las generaciones de mexicanos y de la Nación misma.
7.- La imposición de Enrique Peña Nieto no representan sólo la restauración del régimen autoritario, sino algo peor y catastrófico para México y su pueblo, ya que significa la continuación de iniciativas depredadoras: la ampliación y profundización de la vulnerabilidad estructural del país, la construcción de un Estado contrainsurgente, la total quiebra de la soberanía y seguridad nacional, la cancelación absoluta de los derechos sociales de las y los mexicanos, la destrucción del mundo de trabajo, sus derechos alcanzados y llevando a extremos esclavistas la explotación; la privatización del territorio nacional (costas, playas, ejidos y concesiones mineras), mediante la entrega ilegal a empresas mineras y petroleras, agrícolas y hoteleras, transnacionales eólicas, termoeléctricas, de biopiratería y farmacéuticas, con lo cual se consolidan las afectaciones criminales en contra de pueblos y comunidades enteras, cuyos daños son ya irreparables en términos humanos, ambientales y económicos. El conjunto de estas políticas de muerte, se manifiestan en la polarización y división nacional. 
8.- Que ante esta ofensiva contra la viabilidad de la Nación, incursionamos en una espiral de acontecimientos, donde amplios sectores del pueblo de México mantienen su persistencia por salir a las calles a oponerse a la imposición de Peña Nieto, a hacer valer sus derechos laborales y su derecho al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, a la educación, por el derecho a sus ciudades, comunidades y la seguridad de sus espacios, a la defensa del territorio y contra el despojo de recursos naturales del país. Hoy vemos cómo el epicentro político social se encuentra en los maestros democráticos de Guerrero, Oaxaca, Michoacán; vemos como se suman los estudiantes normalistas, las madres y padres de familia, las policías comunitarias; reconocemos la lucha heroica de las y los electricistas del SME; mineros, de Mexicana de Aviación y otros muchos más movimientos de resistencia como los pueblos originarios en defensa de sus territorios, recursos y autonomías. Esta complejidad de procesos nos emplaza a repensar la reconstrucción estratégica para abordar y solucionar los grandes problemas de México. 
9.- Que el desastre nacional orquestado por los grandes pudientes de este país y los intereses extranjeros, nos exige concurrir a la unidad popular y social contra el neoliberalismo y por el rescate de la dignidad nacional; evidentemente, la respuesta a estos grandes problemas nacionales no puede venir de las elites económicas y políticas que se aferran al poder, ni de las instituciones subordinadas a intereses ajenos al bienestar común, ello nos emplaza a toda la sociedad a la lucha contra el usurpador, representante del grupo dominante y principal referencia de un régimen político corrupto y antinacional, el instrumento de los grandes empresarios y las transnacionales que se empecinan en avanzar en la completa depredación y saqueo de nuestras riquezas, de nuestra capacidad de trabajo, de la propiedad pública y social; por ello, habremos de sumar esfuerzos en la lucha contra la usurpación, mediante la defensa de nuestros derechos sociales, libertades políticas y civiles; luchando por desterrar la discriminación y la explotación en nuestra patria; rescatando nuestro acumulado histórico y social, para hacerlo proyecto político de los pueblos de México y reconocer así nuestro potencial para tomar las riendas en el ejercicio de la soberanía popular para remover del gobierno a los neoliberales que traicionaron al pueblo y la patria. Para tal efecto se

CONVOCA
A todas las mujeres y hombres del país, que estén dispuestos a: hacer valer la voluntad popular y oponerse a la imposición del nuevo usurpador Enrique Peña Nieto así como a las contrarreformas estructurales y a la pérdida de soberanía nacional; a las y los mexicanos que luchan por un cambio en la relación del poder con la ciudadanía y por resolver las grandes necesidades sociales, culturales y políticas de nuestro pueblo; a quienes pueden aportar a la lucha por revertir el desastre económico, político-institucional, entorno ambiental, de venta del territorio nacional, por superar el drama social de la desigualdad, la pobreza, la migración y las relaciones económicas de explotación . A las organizaciones sociales, políticas, culturales, barriales, religiosas, académicas, sindicales, defensoras del territorio, ambientalistas, estudiantiles, intelectuales, productoras, cooperativistas e indígenas, opuestas a las políticas que están llevando al desastre nacional y a la cancelación del presente y el futuro de las generaciones de mexicanos, a la: 


IV CONVENCION NACIONAL CONTRA LA IMPOSICION
Que se Cuya realización será en la comunidad de Huexca, Morelos, los días 11 y 12 de Mayo de 2013, a las 09:00 Hrs. y bajo la siguiente:

ORDEN DEL DIA
I. Balance de la I Convención Nacional Contra la Imposición hasta la III Convención.

II. Análisis de la Situación Nacional e Internacional.

III. Estructura Organizativa y Carácter de la Convención Nacional Contra la Imposición.

IV. Programa Político de la Convención Nacional Contra la Imposición. 

METODOLOGÍA.
• El punto I. de la Orden del Día, Balance de la I Convención Nacional Contra la Imposición hasta la III Convención, se discutirá a nivel de plenaria. Al concluir el debate de esta temática, se procederá a trabajar a nivel de mesas de trabajo.
• Concluido el primer punto de la Orden del Día, se procederá a instalar dos mesas de trabajo que se corresponden con los puntos II. y III. de la orden del día establecida, en las cuales, se distribuirá temáticamente para su discusión, las contrareformas estructurales; así mismo, se abrirá una tercera mesa en la cual se abordarán temáticas específicas que tienen influencia en la coyuntura nacional; por lo cual, las mesas de discusión quedarían de la siguiente manera: 


• Mesa 1. 
Análisis de la Situación Nacional e Internacional. 
Las Falsas Reformas: Educativa y Laboral.
Plan de Acción específico.

• Mesa 2. 
Estructura Organizativa y Carácter de la CNCI. 
Contrareformas Fiscal y Telecomunicaciones.
Plan de Acción específico.


• Mesa 3. 
Programa de Lucha. 
Contrareforma Energética y Despojo Territorial en el Campo, la 
Ciudad y Autonomía de los Pueblos. 
Plan de Acción específico.


• Mesa 4. 
La lucha de las Mujeres, Criminalización de la Protesta y Desaparición Forzada
El Pacto por México.
Plan de Acción específico.


Se subraya que, el Plan de Acción, deberá discutirse en todas y cada una de las mesas temáticas de manera específica, para posteriormente, construir en plenaria, el Plan de Lucha Política de la Convención Nacional Contra la Imposición.


PROGRAMA 
Para el inicio de los trabajos y desarrollo de las actividades se propone lo siguiente:

Sábado 11 de Abril

9:00 Hrs. Registro de l@s Delegad@s;

11:00 Hrs. Mitin de repudio a la Termoeléctrica y en apoyo al pueblo 
de Huexca, Morelos;
12:00 Hrs. Bienvenida e instalación de los trabajo de la IV CNCI;

12:30 Hrs. Plenaria: Balance de la I Convención Nacional Contra la Imposición 
hasta la III Convención;

14:30 Hrs. Comida

15:30 Hrs. Instalación de las mesas de trabajo

20:30 Hrs. Cena


Domingo 12 de Abril

9:00 Hrs. Desayuno;

10:00 Hrs. Plenaria para presentar las conclusiones de las mesas de 
Trabajo y construcción de consenso sobre el Plan de Lucha
Política de la Convención Nacional Contra la Imposición;

14:00 Hrs. Comida;

15:00 Hrs. Conclusiones y Plan de Acción;

16:00 Hrs. Clausura 



NOTA: Se les informa que, se tiene garantizado el hospedaje en acampada, por lo cual se les recomienda traer tienda de campaña, sleeping y cobijas; así mismo, se garantizan los alimentos para el día 11 de mayo (solamente para comida y cena), por lo que sugieren, llegar ya desayunados. Para el día 12 de mayo, se ofrece desayuno y comida, con una aportación voluntaria de $20.00, 

Se invita a los delegados a la Convención, apoyen con víveres como frijol, arroz, azúcar, café, lenteja, agua, aceite, mismos que podrán hacer llegar anticipadamente a Huexca, o podrán llevarlos directamente el día de los trabajos. Recomiendan que todos los participantes lleven plato, vaso y cuchara.







A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN COORDINADORA PROVISIONAL DE LA CONVENCIÓN NACIONAL CONTRA LA IMPOSICIÓN



      

14:00 Hrs. Comida;

15:00 Hrs. Conclusiones y Plan de Acción;

16:00 Hrs. Clausura 



NOTA: Se les informa que, se tiene garantizado el hospedaje en acampada, por lo cual se les recomienda traer tienda de campaña, sleeping y cobijas; así mismo, se garantizan los alimentos para el día 11 de mayo (solamente para comida y cena), por lo que sugieren, llegar ya desayunados. Para el día 12 de mayo, se ofrece desayuno y comida, con una aportación voluntaria de $20.00, 

Se invita a los delegados a la Convención, apoyen con víveres como frijol, arroz, azúcar, café, lenteja, agua, aceite, mismos que podrán hacer llegar anticipadamente a Huexca, o podrán llevarlos directamente el día de los trabajos. Recomiendan que todos los participantes lleven plato, vaso y cuchara.







A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN COORDINADORA PROVISIONAL DE LA CONVENCIÓN NACIONAL CONTRA LA IMPOSICIÓN





























miércoles, 2 de enero de 2013

MÉXICO EN LA DEBACLE



Por Francisco Sagal R.

En estos primeros días del año 2013, de fiestas y de celebración del año nuevo, es importante hacer las siguientes consideraciones:

a) En más de una década de ejecutivo federal panista nuestro país solo creció  1.7%.

b) La mancuerna PRI-PAN, en más de 30 años, han entregado la economía del país en charola de plata al imperio norteamericano, también han entregado el petróleo, los minerales estratégicos, los metales preciosos y de alto valor, el territorio nacional ha sido rentado y vendido a consorcios imperialistas, la política militar y policiaca se ha sujetado a los designios de Washington y el Pentágono: la política de instrumentar la guerra contra las drogas ha sido un gran engaño, solo ha beneficiado a los grandes carteles de la narco-política, banqueros, comerciantes  e industriales involucrados.



De acuerdo con el investigador de la UNAM Arturo Ortiz Wadgymar: la política del libre comercio a partir de la firma de la carta de intención de México con el FMI en 1982 ha sido desventajoso para el país, esa política continuó con el ingreso de México al GATT en 1985 y con la firma del TLC en 1994, así como otros tratados comerciales, en especial de la industria pequeña y mediana, la agricultura, el comercio y el sector bancario, del cual el 80% se encuentra en manos de extranjeros. La política de cifrar el país, su desarrollo, con la extracción de capital al extranjero, propició la crisis devaluatoria en 1994, mayor endeudamiento del país y que el capital extranjero se apoderara de nuestras actividades productivas, del sector financiero y bancario y del comercio exterior a través de negocios extra firmas, y que además disfrutan de beneficios  fiscales por estar en regímenes especiales a costa del erario nacional. 

La apertura de México al exterior, en un contexto internacionalmente proteccionista, nos ha sometido con una deuda de 80 mil millones de dólares (al 2004) y que a la fecha ha crecido exponencialmente. El hecho de que han crecido demasiado las exportaciones, no ha significado para México un progreso, sino que estas exportaciones son de empresas trasnacionales, principalmente estadounidenses. En los diez años de 1994-2004 de libre comercio, México pagó de intereses el doble del capital principal. Esto deja a México sin posibilidades de un sano crecimiento. El crecimiento del déficit comercial desfavorable ha creado distorsiones de los sistemas fiscales de excepción, como maquiladoras y otras, además de la agudización del contrabando, el lavado de dinero, la migración, la corrupción generalizada, etcétera.

Hace años se daba el debate de ¿qué hacer? En la nueva época el capital, los monopolios, los consorcios y las trasnacionales, han deformado a los países atrasados a tal grado de que su burguesía nativa, compradora, exportadora y socia del imperialismo, tiene un carácter contrarrevolucionario y retrógrada. La revolución será socialista o caricatura de revolución. Los monopolios son los beneficiarios  de los gobiernos del PRI, del PAN y del PRD. Los polos sociales de riqueza y pobreza se han acrecentado monstruosamente: de un lado, la burguesía autóctona, apátrida y socia del imperialismo, compradora y exportadora ha crecido aceptando las migajas que le deja la burguesía internacional. Esta burguesía tiene un carácter contrarrevolucionario en la realidad, pese a que se declare o proclame, como democrática, justiciera e igualitaria. La burguesía mexicana se ha dado un estado, un gobierno y un régimen igualmente contrarrevolucionario. Un estado, un gobierno y un régimen antidemocrático, autoritario, dictatorial y autárquico, que se pasa por el arco del triunfo los principios y valores humanitarios. Por todo lo anterior, es necesario un nuevo partido clasista de izquierda, de la clase trabajadora, buscando la unidad de acción y el frente único, dotándose de una política antiimperialista, anticapitalista, antiburocrática y anti neoliberal.

Fuentes:

Ortíz Wadgymar, Arturo. 2010. México en ruinas: el impacto del libre comercio. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas.

miércoles, 24 de octubre de 2012

Andres manuel Lopez Obrador y la reformas laboral


Hoy por la mañana fijé mi postura en el Senado sobre la mal llamada Reforma Laboral. Te invito a conocerla



Como integrante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), doy a conocer, una vez más, nuestra inconformidad con la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, ordenada –como aquí se ha dicho— desde el extranjero, promovida por la cúpula del poder en México y acordada entre Calderón y Peña Nieto.

Es evidente que esta reforma no contribuye al crecimiento económico y tampoco generará empleos ni bienestar. Eso es una mentira, es una falacia.

Por el contrario, alentará la descomposición social, los resentimientos, la inseguridad y la violencia. Por eso he sostenido que dicha reforma es dañina no sólo para los trabajadores, sino también para los verdaderos empresarios del país.

Se trata de un acto de prepotencia ideológica de un grupo minoritario, que podemos calificar de irresponsable y promotor de la discordia y de la inestabilidad política y social en México.

Es por ello que respetuosamente convoco a todos los senadores, aunque como aquí se ha expresado, ya han tomado la decisión de actuar con dignidad y con decoro.

En lo particular llamo respetuosamente a los senadores de los partidos progresistas a que actúen a la altura de las circunstancias y se opongan al retroceso que significa la llamada reforma laboral.

Quiero también añadir que si se vulneran los derechos individuales de los trabajadores, todo lo que se pretende acerca de la subcontratación, del despido sin reconocer derechos a los trabajadores, del pago por hora, si esto llegara a aprobarse, vamos a hacer causa común con las organizaciones sindicales, con el movimiento social, desde luego, con los partidos del frente progresista, para acudir, si es necesario, al amparo y promover amparos para frenar esta contrarreforma laboral.

Asimismo, considero que no debe avalarse la corrupción sindical alentada, lo subrayo, por los gobiernos del PRIAN. Ya basta de líderes o caciques que viven colmados de privilegios a costillas de los trabajadores, al amparo del poder, de las complicidades y de la corrupción gubernamental.

Estoy seguro que todos los senadores del Movimiento Progresista se manifestarán a favor de que haya transparencia, rendición de cuentas, libertad y democracia en los sindicatos. Tengo que decir, ofrezco disculpas por anticipado, pero tengo que expresarlo, porque ya ha sucedido, que los legisladores no deben faltar a sesiones que son fundamentales, nada de abstenerse, salir de viaje, supuestamente enfermarse o ir al baño al momento de la votación.

Tampoco debe permitirse y tolerarse que grupos de intereses creados sometan a las autoridades laborales, como sucedió en los casos de Mexicana de Aviación, Cananea y Pasta de Conchos, en los cuales predominó el influyentismo y la impunidad para favorecer y proteger a empresarios corruptos y de malos sentimientos.

Lo mismo puede decirse del cierre arbitrario de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, acompañado del infame despido de más de 40 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Inclusive, esta decisión ha sido considerada ilegal por un juez de distrito, que ha ordenado la reinstalación de los trabajadores y debe exigirse el pronto y cabal cumplimiento de esta sentencia.

También aprovecho mi estancia en este recinto legislativo, esta es una gran oportunidad y por eso les pido un momento más de su atención, para manifestar que no aceptáremos la propuesta de Peña Nieto de entregar la renta petrolera a extranjeros y compensar lo que dejaría de recibir la hacienda pública, con el aumento del IVA del 16 al 22 por ciento.

¿Qué es lo que están tramando quienes se creen dueños del país y tripulan a Peña Nieto?

No conformes con el influyentismo que impera en PEMEX y en la Comisión Federal de Electricidad, en cuanto a la asignación de contratos que sólo favorecen a empresas privadas, nacionales y extranjeras, sin beneficios para la nación, ahora pretenden cínicamente apropiarse de la renta que se obtiene por la explotación del petróleo crudo y del gas.

Para explicarlo de manera sencilla: actualmente extraer un barril de petróleo cuesta alrededor de 11 dólares y se vende en 104 dólares, lo que significa una utilidad de 93 dólares por barril. Y este, precisamente, es el negocio que ambicionan, la gran tentación; quieren privatizar, en parte o por completo, esta ganancia que pertenece a todos los mexicanos.

Además, debe tenerse en cuenta que, de consumarse este atraco, la hacienda pública dejaría de recibir 1 billón de pesos anuales que se obtienen solamente por derechos de hidrocarburo, que significan, a la vez, cerca del 30 por ciento del presupuesto público, dinero que no aportarían las empresas particulares, ni nacionales ni extranjeras, debido a que gozan de privilegios fiscales.

Por ejemplo, las 10 más grandes empresas privadas nacionales y extranjeras que cotizan en la Bolsa de Valores y que en su conjunto tienen ingresos equivalentes a los de Pemex (un billón 300 mil millones de pesos) pagan de impuestos 65 mil millones de pesos al año, o sea 15 veces menos que la contribución por petróleo.

De ahí que pretendan tapar el hueco de las finanzas públicas que dejaría la privatización, aumentando los impuestos, de manera regresiva, a todos los mexicanos. Es decir, las reformas energética y fiscal, son complementarias y forman parte de la misma operación de despojo y pillaje.

Esta es la razón por la que nos oponemos a estas mal llamadas reformas estructurales, que son en realidad viles atracos y graves retrocesos sociales. Más aún, no podemos aceptar estas regresiones porque queremos vivir en paz.

Insisto: si se entrega la renta petrolera, no habrá suficiente presupuesto, no se tendrían recursos para garantizar el desarrollo ni el bienestar de los mexicanos y se producirían mayores tensiones y conflictos sociales.

Ahora bien, para revisar el comportamiento del Poder Legislativo en nuestro país en los últimos años, es una vergüenza que las instituciones nacionales, en este caso el Poder Legislativo, actúen como simples instrumentos al servicio de los organismos financieros internacionales y de la banda de malhechores que domina y azota al país.

Desde hace más de 20 años, casi todas las leyes que se han aprobado van orientadas a beneficiar a una élite y a perjudicar a la mayoría del pueblo y a la nación.

Veamos sólo algunos ejemplos: en mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN, avalaron el Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado, de las más importantes empresas del sector público al sector privado.

El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar 18 bancos que eran propiedad de la nación.

El 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner al mercado las tierras ejidales.

El 6 de mayo de 1992, el PRI y el PAN cambiaron la Ley Minera para entregar, durante todo este periodo, el 29 por ciento del territorio nacional a particulares nacionales y extranjeros, que explotan el oro, la plata y el cobre, sin pagar impuestos por la extracción de estos minerales.

El 22 de diciembre de 1992, el PRI y el PAN aprobaron la reforma a una Ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución, ha permitido a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy, tales empresas venden a la Comisión Federal de Electricidad el 50 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país, a precios elevadísimos, al mismo tiempo que se mantienen paradas o subutilizadas las plantas del sector público.

El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública sólo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y la educación universitaria.

El 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados, aprobó el aumento del IVA del 10 al 15 por ciento.

El 12 mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar los Ferrocarriles Nacionales de México.

El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la Ley de los sistemas de ahorro para el retiro, que entregó a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, la administración de las pensiones de millones de trabajadores que no dejan de vivir en la incertidumbre por el manejo nada seguro de esos fondos.

El 12 de diciembre de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el Fobaproa, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública.

El 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y el PAN modificaron la Ley del Impuesto Sobre la Renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100 por ciento de sus contribuciones.

El 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la Ley del ISSSTE y entregaron a los banqueros el manejo de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.

El 13 de septiembre de 2007, el PRI y el PAN aprobaron un paquete fiscal, que incluyó la creación del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) y el impuesto del 2 por ciento por depósitos en efectivo, que más tarde aumentaron al 3 por ciento.

Siguiendo esta cronología de la ignominia, prosigo recordando que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, en ese entonces gobernador del estado de México, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la Ley de Ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16 por ciento; incrementaron el Impuesto Sobre la Renta de 28 a 30 por ciento, y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diesel, el gas y la luz.

En junio de 2010, el PRI y el PAN aprobaron que Televisa y Telefónica, empresa española de telecomunicaciones dirigida por Francisco Gil Díaz, quien fuera secretario de Hacienda de Fox, se quedaran con un hilo de la fibra óptica de la industria eléctrica nacional.

Por último, y por si fuese poco, ahora los que mandan en el país están empeñados en reformar la Constitución y las leyes para afectar aún más a los trabajadores, aumentar impuestos y apropiarse de la renta petrolera.

En contraste, cabría preguntar ¿dónde está la ley para mejorar el salario mínimo; dónde está la ley para impulsar actividades productivas y crear empleos; dónde está la ley para combatir la pobreza; dónde está la ley para impulsar la educación pública y establecer en México el Estado de bienestar; dónde está la ley anticorrupción; dónde está la ley para terminar con los privilegios de la alta burocracia; dónde está la ley para hacer valer la austeridad republicana y terminar con esta injusticia de que se tiene un gobierno rico con pueblo pobre; dónde está la ley para evitar efectivamente las prácticas monopólicas; dónde está la ley que impida que se compren los votos y se trafique con la pobreza de la gente en los procesos electorales; dónde está la ley para cobrar impuestos por la extracción de minerales; dónde está la ley para terminar con los privilegios fiscales de las grandes corporaciones empresariales y financieras que prácticamente no pagan impuestos; dónde está la ley para terminar con el monopolio de la televisión y la radio y garantizar el derecho a la información; dónde está la ley para que los ciudadanos elijan a los ministros de la Corte y no los imponga Carlos Salinas?

Ya basta de que la agenda nacional y legislativa y el orden del día lo impongan siempre extranjeros o los 30 potentados de México, que se creen amos y señores en nuestro país. Ya es hora de que las instituciones estén realmente al servicio del pueblo y de la nación.

Que no se malinterprete, no vengo a dar línea a nadie. Cada quien debe asumir su responsabilidad. Estoy aquí como parte de un movimiento de mujeres y hombres libres, comprometidos a combatir, a abolir el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, un movimiento para transformar a nuestro país.

Ustedes saben que siempre digo lo que siento, sin medias tintas y con claridad.

Estoy seguro, no tengo duda, que ustedes, senadoras y senadores, que están iniciando sus actividades como legisladores sabrán actuar como auténticos representantes populares, que no se prestarán para seguir reformando la constitución y las leyes, y seguir legalizando despojos y abusos de quienes sólo son movidos por la ambición y por la codicia.

Para decirlo de manera coloquial, ustedes no van a ser nunca achichincles de la mafia del poder.

En cuanto a lo que a nosotros corresponde, como integrantes del Movimiento Regeneración Nacional, MORENA, expreso que estaremos atentos y actuaremos cada vez que sea necesario.

Podemos tener diferentes y esto es parte de la democracia, no puede haber pensamiento único, tiene que haber pluralidad y diversidad, pero hay asuntos fundamentales que nos convocan a la unidad.

Cada vez que sea necesario vamos a estar juntos, para detener este proceso de degradación de nuestro país y mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo.

Vamos a estar muy pendientes en todo esto que significa la aprobación de la mal llamada reforma laboral. Vamos a estar pendientes todos estos días y vamos a estar muy pendientes del proyecto de Presupuesto que se va a enviar el mes próximo a la Cámara de Diputados.

Aunque eso es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, también estamos seguros que ese proyecto de Presupuesto estará acompañado de un proyecto de Ley de Ingresos, que sí tiene que ver con ustedes, y ahí van a empezar a querer llevar a cabo reformas para aumentar impuestos y ahí vamos a estar juntos.

Y desde luego que vamos a estar juntos en la defensa del petróleo.

La Patria no se vende, la Patria se ama y se defiende.

Muchas gracias.http://tl.gd/jofvku · Reply
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lunes, 3 de septiembre de 2012

Contra informe: Yo soy #132


Seis años han pasado desde que Felipe Calderón tomó posesión, seis años de mentiras y promesas falsas, de simulación, corrupción, complicidad y de un Estado de excepción que nos han impuesto. Seis años en los que año con año hemos visto a un presidente cobarde hablando de valentía mientras nosotros, la sociedad ponemos los muertos, los desplazados, los secuestrados, los vejados por las autoridades. Seis años, como siempre, de riqueza obscena para unos pocos mientras que nosotros tenemos hambre, somos excluidos, somos desempleados, somos jóvenes sin oportunidades, seis años en que hemos sido despojados de nuestra tierra y nuestros recursos naturales . Seis años, otra vez, de privilegios para los sindicatos charros en la educación, de educación para formar mano de obra barata, mientras que nosotros no tenemos acceso a una educación crítica para una vida digna. Seis años, de nuevo, en que los políticos no dialogan con la sociedad pero nosotros, los que hemos levantado la voz y nos hemos organizado para resistir, hemos sido criminalizados, denostados y callados. Seis años en que han querido que veamos un México que sólo existe como versión oficial, seis años reproduciendo sus mentiras a través de los medios de comunicación a quienes sirven.
Nosotros no aceptamos este México que quiere dejarnos la clase política, y rechazamos las mentiras que quieren imponernos como realidad. Por esto es que el movimiento #YoSoy132 ha llevado a cabo un intenso proceso de análisis que nos ha llevado a articularnos con académicos, organizaciones civiles y movimientos sociales que a lo largo y ancho del país reclaman la democratización de la vida pública y el fin del modelo social prevaleciente en México. Esté análisis parte de la lectura critica de la situación actual que vive el país después del gobierno de Felipe Calderón, y es también lo que nutre nuestro plan de lucha. Es un análisis compartido con la sociedad a la que convocamos para abrir un diálogo franco y a sumarnos en una lucha fraterna.

  1. Democratización de los medios de comunicación, información y difusión
El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en lo que tiene que ver con medios de información es un sexenio muerto. En legislación no hubo avance, en telecomunicaciones se propició la concentración en manos de las mismas voraces empresas que han secuestrado el espectro radioeléctrico propiedad de los mexicanos. Se persiguió y violentó  a ciudadanos que buscan crear sus propios medios a través de radios comunitarias; y se caracterizó por las persecuciones, agresiones y asesinatos de periodistas.
En México, los medios de comunicación cuentan con un marco jurídico anacrónico y discrecional. Felipe Calderón no sólo asumió una actitud irresponsable y omisa frente a la creación de un nuevo régimen de medios, sino que ha demostrado su interés por hacer valer el orden jurídico vigente para desplegar acciones autoritarias y favorecer al duopolio televisivo. La única acción legislativa que impulsó en la materia fue su aval al Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), el cual constituye un grave retroceso en el ejercicio de los derechos a la información y a la libre expresión. Felipe Calderón Hinojosa lucró políticamente con la ausencia constitucional y legal de una política de Estado relativa a medios de comunicación.
Una situación simular podemos observar en el ámbito de las telecomunicaciones. Tres casos son muestra de la política de discrecionalidad del actual gobierno: la licitación 21 donde favorece a Televisa y Nextel; la fusión Televisa-Iusacell nuevamente en beneficio de Grupo Televisa y Grupo Salinas; y el “rescate” de la banda de 2.5 Ghz debido a la presión ejercida por Grupo Televisa. El gobierno de Felipe Calderón ha hecho uso de un bien de la nación para beneficiar a los consorcios mediáticos lesionando con ello a las instituciones públicas de este país, debido a que permitió a Televisa ingresar al mercado de la telefonía. Televisa y TV Azteca como socios concentran el 88 por ciento de las concesiones de televisión abierta, teniendo 94.4 por ciento de la audiencia televisiva, lo cual les favorece con un 58 por ciento del total de la inversión publicitaria, recibiendo 30 por ciento del gasto de comunicación social federal según los mismos datos de la COFETEL.
Por otro lado, el gobierno de este sexenio se comprometió en varias ocasiones a abolir la brecha digital así como fomentar la competencia de aquellos que ofrecen el servicio de interconexión. Sin embargo, el escaso acceso a Internet, debido a los altos precios de conexión y la escasa infraestructura de telecomunicaciones, impide el despliegue de las redes. Al mismo tiempo, la alfabetización digital es todavía deficiente. A lo anterior podemos agregar el intento de criminalización de los pocos usuarios de internet, un tema recurrente en este sexenio. Ejemplo de ello es el intento de la aprobación deliberada y tramposa de ACTA. A estas alturas del sexenio de los 112 millones que habitamos el territorio nacional apenas 9 millones tenemos computadora en casa, de los cuales sólo 6.9 millones tienen acceso a Internet, lo que nos deja con un promedio de penetración estimada del 30.7% colocándonos a  2.7 puntos porcentuales debajo de la media mundial y de -8.8 puntos del 39.5% que es de la media Latinoamericana.
Mientras a los grandes consorcios mediáticos el gobierno federal concedió licitaciones a precio de ganga, a los esfuerzos ciudadanos por crear sus propios medios los persigue y agrede. La labor que desempeñan las radios comunitarias atendiendo a las voces menos favorecidas de la sociedad, llevando información acorde con sus necesidades, las convierte en una herramienta por excelencia para que las comunidades puedan ejercer ampliamente su derecho a la información y  libre expresión. Estas son algunas de las Radios Comunitarias que han sido violentadas durante este sexenio: Radio Diversidad Veracruz; Radio Tierra y Libertad Nuevo León; Radio Uekakua Michoacán; Radio Eiampiti; Radio Ñomndaa Guerrero. Las cuales han sido agredidas y persguidas por el gobierno federal.
En el mismo tenor, a lo largo de este sexenio, México vivió una inédita crisis de seguridad pública cuyo costo humano se calcula ya en más de 95 mil muertos; dicha crisis se vio, por consecuencia, reflejada en el ejercicio de la libertad de expresión registrándose un incremento preocupante de la violencia y la censura sobre periodistas y comunicadores. Desde el año 2000 se han registrado 72 periodistas o comunicadores asesinados, 13 desaparecidos y 40 ataques a instalaciones de medios de comunicación. Tan sólo en el año 2011 se registraron 172 agresiones en contra de periodistas y comunicadores, que van de amenazas, a asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, privación ilegal de la libertad, ataque cibernético,  y acciones legales. (Article 19, 2011: 9-21).
Destacamos que durante el sexenio de Felipe Calderón, el patrón de la violencia contra la prensa cambió sus características, a lo largo de estos seis años al problema de la censura, se agregó el escenario de los periodistas rehenes y ataques a directos a las instalaciones de los medios de comunicación. En torno a la censura, durante este gobierno, destacó que “el ataque sobre el gremio de periodistas a nivel nacional por parte de funcionarios públicos rebasó el 53 por ciento de los casos, mientras que los atribuibles al crimen organizado se encuentran sobre el 13 por ciento” (Castro, 2012), los casos de Lydia Cacho y el de Carmen Aristegui, resultan en este sentido paradigmáticos. Es así como queda desmentido el discurso oficial de que el responsable de la violentar la libertad de expresión en el país es el crimen organizado.
Un Estado como el mexicano que no puede garantizar la integridad física y moral de periodistas y comunicadores, así como el acceso y gestión de medios de comunicación por parte de la ciudadanía, no puede garantizar tampoco nuestro derecho a la información.
Adicionalmente las estrategias políticas y metas actuales del gobierno mexicano no estimulan la diversidad en el contenido de los medios. El gobierno federal ha creado lazos de complicidad con la industria cultural, lo que ha implicado el fortalecimiento, desarrollo e injerencia de la iniciativa privada nacional y transnacional en materia de compra, venta y renta de patrimonio cultural, obra de arte, programas de cine, radio y televisión, lo que implica que los repertorios simbólicos sean construidos por los sistemas jerárquicos del poder cultural, quienes determinan los contenidos de transmisión y distribución en los diversos medios: radio, televisión, museos, teatros, editoriales, entre otros.
En virtud de lo anterior, denunciamos que en materia de políticas de comunicaciones en México hoy priva la corrupción, la simulación, la ilegalidad, la debilidad institucional y regulatoria, la concentración obscena de la riqueza en una élite empresarial; y donde las políticas públicas de comunicación son contrarias a los intereses de los ciudadanos mexicanos.

Por la democratización de los medios de comunicación en México ¡ #YoSoy132!


  1. Cambio al modelo educativo, científico y tecnológico
La política en torno a educación, ciencia, tecnología y arte presentada en el sexenio de Felipe Calderón antepone los intereses del sector empresarial nacional y global sobre  las necesidades sociales. En el caso de educación, los modelos y planes educativos se adecuan a un mercado laboral inequitativo.
Esto lo confirma ahora la reciente Reforma Integral a la Educación Media Superior (RIEMS), en la que se constata que el modelo pedagógico por competencias y habilidades, implementado desde el nivel básico, elimina paulatinamente disciplinas pertenecientes a las Humanidades y a las Ciencias (como es el caso de la filosofía y de la historia), y deja en su lugar asignaturas mixtas que abordan el conocimiento de forma sesgada y confusa; lo que cumple con el único objetivo de simplificar el conocimiento para formar obreros certificados, y no sujetos que aspiren a ser técnicos calificados o estudiantes universitarios; y que, en no más de una década, eliminará generaciones de científicos y humanistas mexicanos y hará depender al país en su totalidad  de la tecnología y la ciencia producida en otros lados.
Tanto la RIEB como la RIEMS recorren el camino de la masificación de habilidades básicas y deja el conocimiento especializado a los países desarrollados, convirtiéndolo en una propiedad para las élites; hecho que condenaría al país al rezago y el nulo crecimiento en todos los ámbitos.
En este contexto, la desaparición de los modelos educativos como los del Colegio de Bachilleres y la Preparatoria Abierta como los conocemos, gracias a la homologación de la currícula y la eliminación de materias, es un claro ejemplo de esta reforma. Aunado a esto, la SEP pretende maquillar las cifras de deserción al proponer un certificado parcial; su próximo argumento será: no tenemos desertores sino  numerosos certificados parciales.
El ingresó a una educación media y superior de alto nivel académico, UNAM, UAM e IPN, es cada vez más difícil para los jóvenes, debido a que el crecimiento de las instituciones públicas no corresponde  con  la demanda educativa en nuestro país. Las autoridades  educativas sostienen que los mejores estudiantes ingresan a la universidad, sin embargo, este argumento se cae cuando contrastamos las cifras del último examen de ingreso a la UNAM, por ejemplo: a nivel licenciatura fueron rechazados aspirantes a la carrera de medicina, cuando obtuvieron cien aciertos de un examen de ciento veintiocho; es decir, la excelencia en el examen de admisión no es suficiente para ingresar a una educación universitaria. Consecuencia de ello son los numerosos movimientos de rechazados a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades educativas atribuyen el fracaso académico a los jóvenes estudiantes, cuando son ellos los responsables de fortalecer y generar nuevas opciones educativas de calidad. Además, contrasta el abandono económico a la educación pública  con el fuerte apoyo a universidades privadas.
Ciencia y Tecnología.
El desarrollo científico y tecnológico es esencial para el crecimiento social y económico de un país; le otorga a la sociedad herramientas esenciales para resolver problemáticas y necesidades diversas. A pesar de ello, en México, la situación del ámbito científico es relegada por el Estado.
Con relación al financiamiento, la ley de Ciencia y Tecnología (emitida durante el mandato de Fox y ratificada por el gobierno de Felipe Calderón) estipula que el  presupuesto para CyT no debe ser menor al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, la inversión en este sector es menor al 0.5%. Aunado al precario presupuesto existente, es mal administrado y poco transparentado. La gestión de políticas públicas eficientes y prácticas es esencial para sacar a México del rezago en CyT en el que se encuentran, no obstante, los actores involucrados en la revisión y aplicación de las leyes no cuentan con el nivel educativo necesario en ciencia y tecnología.
Otro problema crucial es el estímulo y empleo de los recursos humanos. Son muy pocos los profesionales en CyT que encuentran cabida en el sector productivo mexicano, lo que fomenta la “fuga de cerebros” y una ausencia de renovación generacional. La ciencia y la tecnología limitan su labor y crecimiento debido a los siguientes factores: bajo número de plazas disponibles en instituciones de investigación, pocas opciones de inclusión en los campos laborales afines, escaso y lento desarrollo regional, centralización de recursos; y una inadecuada legislación. Como consecuencia, la producción de profesionales de la CyT en México es baja en comparación a otros países de Latinoamérica. Además, en términos de proyección, México aporta solamente el 0.65% del conocimiento científico mundial.
El desarrollo en México debe generar las condiciones de autonomía científica y tecnológica. Sin embargo, debido a que la inversión en desarrollo e innovación es baja, México importa más del 95% de la tecnología utilizada por los sectores productivos. Bajo este contexto, la solicitud de patentes por ciudadanos, empresas o instituciones mexicanas es pobre. Es urgente definir e impulsar las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica con el fin de generar y fortalecer los recursos humanos que puedan atender las diversas necesidades de la sociedad.
Respecto al uso de los Organismos Genéticamente Modificados o transgénicos, estos pueden tener un impacto positivo para la población, pero en ciertos casos su uso es nocivo, por ejemplo: el maíz no regulado es un peligro para la seguridad alimentaria y biológica del país.
Arte y patrimonio
El ámbito artístico es uno de los más abandonados en la gestión  calderonista, tanto en recurso como en la protección del patrimonio nacional. Debido a la visión empresarial del gobierno, el arte es considerado una mercancía más; es decir, si no produce bienes entonces no es digno de cuidado ni protección. Bajo este contexto, se reduce el papel del patrimonio nacional al turismo, que muchas veces no respeta las condiciones de protección a la arquitectura o a la obra artística. Aunado a esto, identificamos los siguientes problemas: recorte en el presupuesto destinado a este sector; escasos empleos para los artistas y gestores; y abandono de espacios arqueológicos. El poco compromiso con el arte y el patrimonio se pude documentar en el incumplimiento de las siguientes leyes: “Ley General de Bienes Nacionales”, “Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas” y “Artísticas e Históricas”.

  1. Cambio al modelo económico neoliberal
La crisis de la deuda externa presente en México y en América Latina a inicios de la década de los años ochenta, dio pauta a que la banca acreedora internacional, conjuntamente con los organismos financieros multilaterales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, impulsaran un plan encaminado a continuar con el pago del servicio de la deuda externa, para lo cual se redujo el consumo, la inversión y el gasto gubernamental. Junto a las políticas de ajuste restrictivas, se procedió  al “cambio y ajuste estructural”, que consistió en la apertura de la economía mexicana a los flujos financieros y mercantiles internacionales y en su inserción forzada a la globalización capitaneada por los Estados Unidos.
La agenda de restructuración neoliberal de la economía ha avanzado sin interrupciones desde entonces, no obstante, el capital financiero internacional ha empujado las llamadas “reformas estructurales de tercera generación.” Entre ellas destacan: 1) la privatización de los servicios de seguridad social como el caso de las pensiones para el retiro; 2) la apertura al capital privado de sectores estratégicos ligados a la producción y distribución de energía; 3) la construcción de grandes obras públicas por medio de las llamadas “asociaciones público privadas”; 4) una reforma fiscal que disminuya, aún más, el impuesto sobre la renta (ISR), y, en su lugar, aumente los impuestos al consumo, como el caso del IVA generalizado a medicinas y alimentos; y 5) la total desregulación del mercado.
La política económica seguida por el Estado está  concentrada en la estabilidad macroeconómica beneficiando a los capitales financieros internacionales y en detrimento del nivel de vida del grueso de la población. La llamada estabilidad macroeconómica, que beneficia a unos cuantos, se obtiene sacrificando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los campesinos. Así, contamos con una política monetaria que tiene como fin último el control de la inflación, sacrificando el crecimiento económico y la utilización del tipo de cambio como posible palanca para impulsar a la industria mexicana; asimismo, la política fiscal, que mantiene el equilibrio presupuestario, se subordina al objetivo de la política monetaria. La apertura económica sin estrategia y la ausencia de política industrial han impedido la generación suficiente de empleos.  Asimismo, el alza de los precios de los alimentos afectó el poder adquisitivo de las familias: todo esto se traduce en un saldo de 12 millones de personas más arrojadas a la pobreza durante el sexenio calderonista.
Hablar de desempleo es también abarcar la precarización del trabajo, los datos  muestran que el número de mexicanos ocupados en la economía informal asciende a casi 14 millones; de ellos, 4.2 millones pertenecen a la población ocupada que no recibe ingresos; 6.4 millones perciben cuando mucho un salario mínimo, y otros 10.8 millones ganan entre uno y dos salarios mínimos. Según cifras del INEGI ha aumentado el desempleo, la ocupación parcial y la desocupación con estos porcentajes: en 2006 la tasa de desocupación era del 3.6% mientras que en 2011 ascendió al 5.4%; en 2006 la de subocupación era del 6.9% mientras que en 2011 ya ascendía al 8.2. %   Tal como lo muestran estos datos, entre las circunstancias que privan en el mercado de trabajo, como son: el desempleo, trabajos en condiciones laborales precarias (sin ingresos o con muy bajos ingresos), la informalidad y la subocupación, da como resultado que más de 12 millones de jóvenes enfrentemos dificultades de inclusión en una trayectoria de trabajo decente.
Este modelo económico necesita del despojo de las garantías de los trabajadores, para ello se implementan diversas medidas que evitan que estos se organicen y defiendan sus derechos, durante el sexenio de Felipe Calderón se han dado problemáticas como la desaparición de Luz y Fuerza, algunos “charrazos” en el magisterio, como en Chiapas, Baja California y Sección IX D.F.. No se ha dado solución a la situación con Elba Esther Gordillo y el SNTE, símbolo del charrismo sindical, el conflicto con la CNTE, la situación con los mineros desde 2006 en Cananea, Sicarsa, Taxco y Sombrerete, los trabajadores de tierra en aviación, los de la vidriera en San Luis Potosí y los petroleros independientes, entre otros.
Este modelo económico no sólo reduce las condiciones de vida de la mayoría de la población en beneficio de unos cuantos sino que también se basa en la sobreexplotación de los recursos naturales del país. El modelo económico depredador, tanto en su ámbito productivista en el sector rural, en el desarrollo de infraestructura turística por y para extranjeros, así como en su dimensión extractivista, implica un fuerte deterioro ambiental, caracterizado por pérdida de hábitats y biodiversidad, aceleración de los procesos de desertificación, pérdida y degradación de suelos, incapacidad de captación de agua, menoscabo de reservas de agua fósil, intrusión de agua contaminada en las costas, deterioro o desaparición de lagunas costeras; en resumen, la salud y funcionalidad de los ecosistemas, y con ello la degradación de los recursos ambientales, básicos para la supervivencia humana y de la vida misma.
En conclusión, el sexenio de Calderón sólo ha profundizado un modelo económico basado en la pobreza y marginación de la mayoría de la población, en la explotación de los recursos naturales a costa de las comunidades y donde el objetivo principal es la ganancia de los grandes capitales nacionales e internacionales. El movimiento #Yo soy 132 está consciente que el mercado no es la panacea para la solución de los males sociales y que el gobierno y la sociedad deben de jugar un rol fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan al país. El neoliberalismo nos empobrece, excluye, margina y violenta,  es por eso que el movimiento #YoSoy132 se pronuncia a favor de una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz.

  1. Cambio al modelo de seguridad nacional y justicia
En el año 2006 Felipe Calderón Hinojosa arribó a la presidencia luego de un proceso electoral en el que quedó en duda su triunfo, abriendo así un periodo de polarización social sin precedentes en los últimos 30 años en México, cuyo ejemplo sustancial fue la movilización social en el estado de Oaxaca del movimiento magisterial. Producto de la debilidad e ilegitimidad del nuevo gobierno, éste emprendió  una Guerra contra el crimen organizado que se transformó discursivamente en una Guerra contra el narcotráfico.
Esta guerra, como señalan los análisis de autores como Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio y Laura Carlsen, consultados por el Movimiento #YoSoy132, fue emprendida por el Gobierno Federal como parte de la estrategia de legitimación de un gobierno emanando de un proceso electoral cuestionado y la necesidad de aumentar los lazos de subordinación diplomática, política y militar del Estado mexicano con la política de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, esto mediante la firma de planes y tratados internacionales como la Alianza para la Prosperidad de América del Norte (ASPAN por sus siglas en inglés) y el Plan Mérida.
Producto de estas alianzas, el Estado mexicano ha recibido más de 1,400 millones de dólares cada año bajo el rubro de ayuda (según datos del Colegio de México) al combate al narcotráfico por parte del Congreso de los Estados Unidos bajo el rubro del Plan Mérida, mediante el cual se ha emprendido ofensivamente una política de guerra en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. El ejemplo más claro de ello es la instalación de la Oficina del Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado en México el pasado mes de mayo del 2012, que impulsará la “Guerra contra el narcotráfico” y la militarización de Centroamérica y el Caribe.
Revistas de investigación como Proceso y Contralínea han dado cuenta del avance y profundización de la injerencia de los Estados Unidos en México:  la presencia de autoridades y efectivos de la DEA, CIA y el FBI en acciones de inteligencia en territorio mexicano tuvo su ejemplo emblemático en el Operativo Rápido y Furioso en el año 2009, con lo que se permitió el tránsito de más de 2,000 armas y municiones en territorio nacional. A la par, el adiestramiento en “contrainsurgencia” de mandos militares mexicanos por el Comando Norte ha sido una muestra de la subordinación militar al Pentágono, junto con la activación de la IV Flota en 2008 bajo el cobijo del gobierno de Calderón, el cual permite el fortalecimiento de la presencia militar de los Estados Unidos, México y toda América Latina.
En este mismo contexto, según José Luis Piñeyro de la revista Contralínea, Felipe Calderón destinó de 2007 a 2011, 320 mil millones de pesos del erario público en materia de seguridad el 2.5% del PIB, el triple de lo que destina a educación y aproximadamente el 17.4% de los recursos destilables a este rubro por año, lo que ubica a México en el onceavo país con más gasto en materia de seguridad en todo el mundo según estudios del World Military Expenses. Con estos recursos el gobierno Calderonista ha emprendido una campaña de militarización del país que, según la revista animal político, ha llevado a más de 45,000 militares y un número indeterminado de marinos, a los diferentes estados en los que la violencia del narcotráfico de ha manifestado.
Esta estrategia de militarización del país en la guerra contra el narcotráfico, no ha demostrado ser efectiva, pues lejos de terminar con la violencia atribuida al crimen organizado, esta guerra ha acrecentado, multiplicado y complejizado los escenarios en los se da dicha violencia. La guerra, esta guerra que los ciudadanos no pedimos ha causado una verdadera catástrofe social:
80,000 muertos, 250,000 desplazados de manera forzada, 30,000 desaparecidos, 20,000 huérfanos y 5,000 niños asesinados.
Estas cifras, que no sólo dan cuenta de la gravedad de la crisis social en la que la sociedad mexicana ha sido sumida, son también una muestra del desprecio que el gobierno de Calderon muestra hacia las víctimas de esta guerra.
Somos víctimas, no somos "daños colaterales", no aceptamos esa condición porque ésta exonera de responsabilidades a quienes nos han obligado a vivir en este estado de excepción, a quienes han sido cómplices por cerrar los ojos y suprimirnos, por desconocernos, por matarnos, secuestrarnos, y desplazarnos una y otra vez con su política de muerte. (Mauro, Victima, San Fernando, Tamaulipas)
Por lo anterior, reconocemos que tal como dice Conflict Barometer, el fenómeno de barbarie acontecido en México es el mayor conflicto militar en toda América Latina en el siglo XXI. Y nos sumamos a los balances y e informes de organizaciones como Amnistía Internacional, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización civil Human Right Watch que mencionan que esta guerra a construido verdaderos monumentos a la barbarie moderna como: la llamadas narcofosas donde fueron encontrados los cuerpos de 78 migrantes en el estado de Tamaulipas en el año 2010 y más de 150 cadáveres en Durango, los registros de cientos de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas o Policías Federales, el asesinato de jóvenes en masa como en Villas de Salvarcar en 2010, son algunas de las cicatrices que han hecho que la sociedad mexicana viva con miedo.
Concluimos denunciando que desde enero del 2010, la criminalización de la luchadores sociales que se han opuesto a esta guerra nos ha dejado heridas profundas: el asesinato de Josefina Reyes Salazar, y los subsecuentes desapariciones y asesinatos de María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornelas Soto, Julio César Reyes Reyes y Rubén Reyes Salazar; la persecución que continuó con la desaparición de Isela Hernández Lara, el asesinato de Susana Chávez, el asesinato de Marisela Hernández frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, la muerte de su hija Rubí, el hostigamiento constante a Norma Andrade; los asesinatos de las periodistas de Contralínea Marcela Yarce y Rocío González; el asesinato de los comuneros de Ostula, Pedro Leyva y José Trinidad, el asesinato de Luis K. Fong, el asesinato del activista de la FfyL Carlos Sinuhé Cuevas Mejía; los luchadores del MPJD Nepomuceno Moreno, Julia Marichal, Eva Alarcón y Marcial Baustista; los normalistas de Ayotzinapa Gabriel Echeverría, Jorge Alexis y Edgar David Espíritu; la periodista Regina Martínez de la revistaProceso; todas estas heridas aunadas a las decenas de periodistas asesinados durante el sexenio, los miles de jóvenes, mujeres, migrantes y niños cuyos cadáveres colman nuestra tierra.
Estamos hasta la madre, hoy decimos basta, no más sangre.

  1. Transformación política y vinculación con los movimientos sociales
Informamos que el gobierno de Felipe Calderón no impulsó una democratización del Estado, sino que por el contrario profundizó  sus aspectos más autoritarios.
Las reformas electorales preservaron un sistema en el que la política es monopolizada por los partidos, cada vez más alejados de la sociedad y subordinados a los grupos de poder y a las grandes televisoras, bloqueando el acceso a una verdadera participación social.
El corporativismo y el clientelismo siguen siendo las formas en las que el gobierno se relaciona con la sociedad. El gobierno prefirió aliarse con las cúpulas de los sindicatos corporativos y atacar a los trabajadores organizados de manera independiente y democrática. Además, la flexibilización laboral ha implicado un ataque a cualquier forma de organización en este sector.
Así mismo, los crímenes de odio hacia las mujeres se presentaron sistemáticamente en todo el territorio nacional, haciendo evidente la necesidad de una reforma a la ley que reconozca y penalice estos delitos. El Estado de México  que presenta el mayor número de casos de feminicidios no reconocidos por el gobierno quien además se opone a la alerta de una perspectiva de género que reclama la sociedad civil.
La gestión de Felipe Calderón  mantuvo una posición autoritaria y violenta ante  la movilización social organizada. La Reforma Penal Constitucional del 2008, así como la Ley contra la delincuencia Organizada se han convertido en una forma de control y criminalización de los movimientos sociales, vulnerando los derechos a la libertad de expresión, de manifestación, de asociación y sobre todo el derecho a la protesta social.
La paramilitarización del país ha permitido al Estado imponer de manera violenta las políticas neoliberales de despojo, desplazamiento y sobrexplotación. El resultado de dichas políticas de Estado se reflejan en:
1.- Presos políticos; aumento sistemático en las detenciones a los luchadores sociales.
2.  La desaparición Forzada, La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, ha reportado 26 casos documentados de los cuales 15 siguen desaparecidos y 7 son ejecuciones extrajudiciales. En el último año de gestión hay más desapariciones forzadas que en el periodo que abarca del 2005 al 2010 siendo la mayor parte de los casos registrados en Michoacán.
3. Ataque a defensores de Derechos Humanos. Con un registro de 256 casos de Violaciones de Derechos Humanos (VDH) documentadas en contra de personas defensoras, ocurridos de enero de 2011 a marzo de 2012, en todo el país, el 72% ha sido contra coordinadores, líderes o fundadores de las organizaciones. El Estado busca que la represión tenga un alcance a largo plazo, es decir, que logre un impacto transgeneracional, lo cual denota la lógica selectiva y de mayor intensidad con que opera.
4. Ejecuciones extrajudiciales. Es uno de los fenómenos de represión a los movimientos sociales de mayor impacto y violencia dada su naturaleza de vulneración del derecho a la vida por parte de quienes deberían garantizar las condiciones mínimas de seguridad. Durante el último sexenio se ha documentado un aumento paulatino en las cifras de ejecuciones extrajudiciales, mientras que en 2008 se registraron 6 casos,  en el periodo que va de enero a mayo del 2012 se han documentado 29 casos, la mayor parte en Guerrero y Oaxaca.
En un contexto donde las políticas violatorias de los Derechos Humanos han afectado a los distintos sectores en resistencia, el pueblo de México debe saber de la arrogancia y la prepotencia con que el actual gobierno federal trata  a los movimientos sociales. Ejemplo de ello son:
El Sector Laboral. El 11 de octubre de 2009, el gobierno federal decidió atacar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En sus  casi 100 años de  histórica lucha, los electricistas han visto afectados por todo el aparato estatal. Javier Lozano al mando de la Secretaría del Trabajo, negó la toma de nota al secretario general de este sindicato, además de intentar una y otra vez, generar división interna. Más tarde, el Ejército y la Policía Federal tomaron por asalto las instalaciones de la compañía de Luz y fuerza que continuaron tomadas y saqueadas aún meses después. Fue así como el “presidente del empleo”, resolvió echar a la calle a 44 mil trabajadores en activo y dejar en la incertidumbre a 22 mil jubilados. Calderón no ha dado ninguna prueba de sus acusaciones contra los trabajadores y las tarifas y el servicio eléctrico no han mejorado.
Otro de los casos paradigmáticos,  es el de los 76 mineros sepultados en la mina de pasta de conchos, en Coahuila. El gobierno tampoco ha hecho justicia a sus familiares quienes exigen la entrega de los cuerpos de las víctimas; por el contrario, el grupo minero México sigue operando impunemente en nuestro país, manteniendo en las peores condiciones a los trabajadores.
En el caso del asesinato de 49 niños en la guardería ABC, en Hermosillo Sonora; tampoco ha habido deslinde de responsabilidades, ya que ni Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, ni Juan Molinar Horcasitas, ex director general del IMSS, han pisado la cárcel. Aquí tampoco ha habido justicia.
Siguen sin cumplirse los Acuerdos de San Andrés y nuevamente se atenta contra la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas. Prueba de ello es la impunidad ante los asesinatos y desapariciones de los comuneros de Cherán quienes luchan por su autonomía, así como el hostigamiento a la policía comunitaria de Guerrero que ejerce sus formas de justicia y autogobierno.

  1. Cambio al modelo de salud
Nuestra lucha es a favor de la salud, la justicia, la libertad y la democracia. Ello, porque estamos seguros de que son el único camino para brindarle una vida digna a todos los habitantes de nuestro país. Con base en lo anterior, es nuestra responsabilidad denunciar lo que ha sucedido en el sexenio del presidente ilegítimo Calderón, lapso de tiempo en el cual consideramos que el mal gobierno ha demostrado un desprecio rotundo por la vida de nuestros conciudadanos.
El actual gobierno ha incumplido el mandato constitucional de garantizar el derecho a la Salud, consagrado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna y el correspondiente al artículo 123 que establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. La salud, entonces, no es un área que deba ser dejada a la deriva o la suerte, cuidarla, es el mandato supremo de nuestra sociedad y no admite ninguna excepción.
Bajo la ideología neoliberal que ha demostrado ineptitud al ser una de las principales causas de la crisis del 2009, le brinda continuidad al proceso de privatización del sistema de salud mexicano, y es por ello que junto con Zedillo y Fox, Calderón permitió  y fomentó el desmantelamiento y desfinanciamiento del IMSS e ISSSTE.
También, se ha cimentado el camino de la privatización de la salud, con el fortalecimiento del llamado Seguro Popular, no siendo otra cosa que un paquete de servicios básicos, debido a que no cubre de forma real las demandas de salud de nuestra población porque debido a que no cuenta con la infraestructura suficiente para ello, abriendo la puerta a los prestadores privados. Ya establecido este paquete básico de servicios, el siguiente paso es la “universalización”, que busca reducir las prestaciones que hoy gozan los derechohabientes de la seguridad social, entendiéndose como una universalización de la precariedad.
Así, señalar los principales problemas que aquejan a nuestra nación, nos servirá para mostrar el estado de cosas que impera bajo el gobierno de la derecha. Como puntos de importancia se hallan la obesidad y las enfermedades conjuntas tales como la diabetes, la hipertensión arterial sistémica y sus complicaciones, las muertes por violencia que tanto han dañado a nuestra población desde la “guerra contra el narco”. De igual manera la desnutrición y los problemas que le acompañan principalmente en los niños y las poblaciones indígenas.
Otro punto es el de la mortalidad materna durante el embarazo que está lejos de alcanzar las metas del milenio que propone la ONU. Por otra parte, tenemos el caso de la subrogación y la concesión de servicios a particulares con efectos negativos como fue el el caso de la guardería ABC, donde perecieron 49 niños y 101 resultaron lesionados sin que hasta la fecha haya responsables.
La destrucción de nuestros entornos naturales acarrea serios problemas de salud que tienen que ver con la disposición y acceso al agua potable, la desnutrición, males respiratorios por la pésima calidad del aire y existe, también, un descuido en la seguridad alimentaria del país como lo demuestra la reciente importación de maíz de África, y de huevo de varias partes del mundo (con su crisis actual), el sometimiento a la industria alimenticia y la nula regulación en los medios masivos de comunicación en materia de alimentos chatarra.
Señalamos que los médicos, residentes, pasantes e internos en este sexenio son ejemplos de las nuevas formas de organización del trabajo a quienes se les impone una amplia flexibilidad en los horarios, largas jornadas laborales, cargas intensas de trabajo, polivalencia y con responsabilidades que en la vía de los hechos deben asumir por la falta de médicos de base. Son la fuerza laboral en que se funda la atención médica en los 3 niveles de atención tanto en el campo como en la ciudad.
De ésta manera, la imposición de Enrique Peña Nieto busca culminar la obra que iniciaron las administraciones panistas, beneficiando a la iniciativa privada a través de fondos públicos en detrimento del bienestar de la población en lugar de fortalecer las instituciones de salud que ya se tienen..
Finalmente, nos manifestamos por un sistema de salud de acceso a toda la población sin limitación alguna, que contemple todas las enfermedades, que sea de calidad, efectivo, basado en la prevención y promoción de la salud. Un sistema sanitario que verdaderamente atienda las enfermedades crónico-degenerativas y no las convierta en motivo de lucro.

Estos son los saldos de estos seis años:

Ha sido un sexenio lleno de hambre, exclusión, desinformación, desigualdad, enfermedad, despojo, represión y muerte. Felipe Calderón es responsable por estos seis años de decisiones tomadas a espalas de la sociedad. Sabemos que este gobierno ha sido la continuación de un sistema corrupto, donde unos cuantos imponen sus intereses sobre las necesidades de los más y sabemos que con Enrique Peña Nieto este sistema simplemente tomará un nuevo rostro y otra vez nosotros, la sociedad pagaremos los costos impuestos por esta clase política. Pero también sabemos que hoy tenemos la posibilidad de organizarnos, de resistir contra estas políticas, de proponer un país diferente.

Por eso convocamos a todos, a la sociedad en general a que participe de este diálogo y a unirnos en una lucha fraterna por la transformación de México.

Construyamos el camino que florece en nuestras manos.
Por una democracia autentica
#YoSoy132

domingo, 2 de septiembre de 2012

PRESENTACIÓN CONTRAINFORME #YOSOY132



Presentación del
contrainforme #yosoy132
diálogo académico y con la sociedad civil
Sede: Facultad de Economía. Ciudad Universitaria. 

Martes 4 de septiembre
Auditorio Narciso Bassols, edificio “B” Facultad de economía:
10:00-12:00: Foro inicial de apertura

Dr. Adolfo Gilly. Historiador
Luis Hernández Navarro. Coordinador de la sección de opinión de La Jornada
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Comunidad de Cherán Kéri.

12:00-14:00: Mesa 1 Democratización de medios de comunicación.
Rodrigo Gómez (académico)
Verónica Galicia (La Voladora Radio)
Gerardo Albarrán (Defensor de audiencias de MVS)
Lidia Cacho (periodista) Intervención videoconferencia**

15:00-17:00: Mesa 2 Educación, Ciencia y tecnología, Arte y Cultura.
Dr. Hugo Aboites. Académico por la UAM y UACM.
Atzelbi Hernández. Movimiento de Aspirantes Excluidos a la Educación superior.
Guillermo González Philips (Guitarrista y académico de la superior de música)
Dr. Raúl Alva. Investigador biofísico-químico.

17:00-19:00: Mesa 3 Cambio en el modelo económico.
José Luis Calva**
Dr. Julio Boltvitnik. Colegio de México.
Héctor de la Cueva. (Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical).
Consejo Regional Wirárika

Miércoles 5 de septiembre. Aula Magna David Ibarra. Facultad de Economía.

10:00-12:00 Mesa 4 Seguridad Nacional y militarización
Dra. Ana Esther Ceceña. Instituto de Investigaciones económicas.
Carlos Fazio. Periodista. Académico.
Pietro Ameglio. Movimiento por la paz con justicia y Dignidad.
Gerardo Fong. Integrante del movimiento #yosoy132 en Ciudad Juárez.
Mensaje en video del poeta Javier Sicilia.

Mesa 5. 12:00 a 14:00 Transformación política y del Estado.
Gilberto López y Rivas. Antropólogo.
Lucía Melgar. Integrante del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Movimiento opositor a la presa El Zapotillo.
Comité Cerezo.

16:00-18:00: Mesa 6 El derecho a la salud.
Gustavo Leal. Sociólogo.
Humberto Oseguera. Abogado.
Edith Rosales. Frente de la Salud.

En todos los casos, cada mesa de trabajo del contrainforme designará a un integrante de #yosoy132 como participante.

** por confirmar

sábado, 14 de julio de 2012

El Imperialismo y México de cara al futuro.



Por Francisco Sagal.

El imperialismo es un fenómeno que surgió entre el siglo XVIII y XIX en la sociedad política dominada por el capitalismo. A Carlos Marx le tocó estudiar el capitalismo de la libre empresa, de la competencia y el mercado, y también estableció la ley del valor, de la plusvalía, del intercambio desigual, de la concentración de capitales y puso bases para el estudio del estado monopolista.

El imperialismo es el fenómeno de destrucción y alienación de los pueblos por el mismo proceso que permite la expansión del capitalismo. Lo mismo ocurrió a Irlanda con respecto a Inglaterra, que a América Latina con respecto a los países imperiales. Hablar del sistema imperialista es referirse a la desposesión de las naciones. Recordemos la expropiación sangrienta y aniquiladora por parte de los colonos ingleses de los territorios indígenas en Estado Unidos, así como la invasión y la conquista española de los territorios de América Latina, en donde el oro extraído se calculaba en el valor de toda la industria movida al vapor en Europa. En Francia la trata de negros representó durante el siglo XVIII quinientos millones de libras oro, y las ganancias en la Antillas en más de trescientos millones libras oro. El imperialismo inglés sobre la India significó más de ciento cincuenta millones de libras oro.

Con base en esto el imperialismo es el estado superior del capitalismo en su época de los monopolios y las empresas trasnacionales. Este se ha valido de las grandes corporaciones para expandirse territorialmente en aras de hegemonizar el mercado mundial, subordinando a los países subdesarrollados a las políticas de organismos internacionales y a los intereses de los estados-nación dominantes.

El fenómeno del imperialismo no ha dejado de crecer, ha madurado en esta época donde los mecanismos de la democracia moderna se autopresentan como “única” forma de organización política, una vez que el proyecto del llamado socialismo real del siglo XX se colapsó.

Las características principales del imperialismo son la concentración de la riqueza mundial en unas cuantas manos, provoca el desarrollo polarizado entre países pobres y países ricos, el atraso y la falta de industrialización de los países tercermundistas, el desempleo generalizado para tener una fuerza laboral de reserva que provoque el desvaloramiento de la fuerza de trabajo internacional. Mientras hay un desarrollo urbano y cosmopolita de los países centrales, la periferia vive en la pobreza con falta de servicios públicos básicos.

Las élites políticas nacionalistas tienden a alinearse a los designios de la política estadounidense para desarrollar nuevos modelos de industrialización subordinada, de financiamiento y endeudamiento, de tecnología y de control militar. Implementando reformas estructurales que garanticen la consolidación de nuevos modelos de acumulación de capital y despojo, el imperialismo madura en pleno siglo XXI.

En el caso de México, donde desde hace treinta años se desarrolla un proceso de desnacionalización y privatización de la industria, de la banca, de los servicios públicos básicos, del comercio, del campo y de los sectores estratégicos como el energético y de los transportes, todo este proceso se inscribe en la nueva fase del imperialismo a escala mundial comúnmente denominada como la etapa neoliberal del sistema capitalista. 

Este modelo que se impulsó desde los gobiernos tecnócratas y entreguistas de Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón –y que retomará Enrique Peña Nieto a través de la imposición que la oligarquía pretende consumar este primero de diciembre–, tiene como máximas expresiones la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con Estados Unidos, la reforma al artículo 27 constitucional, la subordinación de la estrategia de seguridad nacional a los parámetros e intereses de la Casa Blanca imperial por medio de la Iniciativa Mérida pero más importante a través de la implementación de la política de militarización y balcanización que el régimen calderonista-obamista ha desplegado a lo largo del territorio nacional, y cuyas consecuencias son más de 60 000 muertos, junto a miles de desplazados y desaparecidos.

Ante este proceso de desarticulación imperialista del territorio y la sociedad nacional han surgido resistencias armadas y pacíficas, desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Movimiento contra la Militarización, el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la insurgencia sindical magisterial, electricista y minera, así como los recientes movimientos estudiantiles como los normalistas rurales, estudiantiles universitarios como el #YoSoy132, así también como las autonomías y resistencias indígenas como Cherán y las comunidades de Guerrero, entre otros muchos más.

Esta oleada que resiste al embate imperial-neoliberal es  la única alternativa que podría rearticular a la sociedad mexicana política y económicamente. El modelo que tratan de profundizar con Enrique Peña Nieto es representativo de la burguesía más corrupta y ultraconservadora de la clase política. Los mecanismos de cooptación y fragmentación de las diversas fuerzas progresistas de izquierda es un peligro latente. No debemos de bajar la guardia.