jueves, 25 de junio de 2020

Dinero

Dinero
Tratamiento para el Covid-19 costaría $100 mil // Confirmado: AMLO irá a Washington a firmar el T-MEC // Sigue la construcción del Tren Maya
¿C
uántos habitantes del planeta podrían pagar un precio así? El Instituto de Revisión Económica y Clínica de Estados Unidos subió el precio recomendado para el medicamento Remdesivir desarrollado por el laboratorio Gilead Sciences. Sugiere que el antiviral podría venderse hasta en 100 mil pesos (en torno a 5 mil dólares) con base en los beneficios demostrados en pacientes con Covid-19.
El grupo con sede en Boston había recomendado antes un precio un poco menor: 4 mil 500 dólares por un tratamiento de 10 días. Gilead aún no ha anunciado el precio en el mercado estadunidense para su terapia, que recibió una aprobación fast track de los reguladores para su uso de emergencia en pacientes con síntomas graves. Este es sólo uno, existen otros tratamientos en periodo de prueba en Estados Unidos, China y Europa. México ha abogado en foros internacionales –en particular en el G20– por una distribución universal de la vacuna, a precio razonable y que no se convierta en un producto monopolizable.
AMLO va a Washington
La firma del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá justifica sobradamente la visita que hará Andrés Manuel López Obrador a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Hay críticas al viaje, como también las ha habido porque no es viajero frecuente, como sus antecesores. Dicen que su visita no es oportuna porque hay campaña presidencial y favorecerá a Trump. Pónganse de acuerdo. Ahora resulta que no ha hecho mella en su imagen la campaña desatada en su contra en medios estadunidenses y hasta puede influir en las elecciones del país vecino. Por cierto, vale recordar todos los viajes que hicieron los secretarios de Hacienda y de Economía en el sexenio pasado, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, acompañados por costosas comitivas, y no lograron la firma del acuerdo. Hasta la presea del Águila Azteca dieron al yerno Jared Kushner sin resultado. Sólo humillaciones de Trump recibió a cambio Peña Nieto. El viaje muchas veces anunciado de AMLO será después del 1º de julio. Esta fecha es memorable para la 4T y permanecerá en México.
El Tren Maya va
En los dos anteriores sexenios fueron sustraídos del presupuesto federal alrededor de 50 mil millones de pesos cada año cuyo destino ha sido el agujero sin fondo del Fobaproa. Aun así la deuda ha seguido creciendo y hoy se estima en un billón de pesos. Qué extraño que la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones patronales no hayan puesto el grito en el cielo por el evidente despilfarro. Tampoco hallaremos referencias en los sesudos estudios de los departamentos de análisis de los bancos. Sin embargo, exigen que sea detenida la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. ¿No les parece raro? Respecto al ferrocarril, Fonatur precisó que la orden de suspensión de una jueza federal no tiene el sentido de parar la obra.
No hay reparto
Por segundo año consecutivo los trabajadores de Telmex no tuvieron reparto de utilidades. Causa extrañeza porque es una empresa que logró ingresos por más de 90 mil millones de pesos en los dos últimos años, dice el dirigente sindical disidente Miguel Ángel Lara. En un video que circula en redes sociales agrega que los dueños prácticamente han vaciado esta empresa al llevarse los servicios más rentables a su otra compañía: Telcel. Lara dice también que no se han cubierto más de 12 mil vacantes. En resumen, hay una política de estrangulamiento financiero a Telmex que impide a telefonistas activos tener reparto de utilidades.
Ombudsman Social
Esas Afore
¿Qué pasa con las Afore? A mi hermano en Banorte le retiraron una suma importante y la explicación fue que se debía a las tasas de interés. ¿Adónde podemos recurrir a ver que el banco no le esté quitando dinero? En este mismo caso deben estar miles de personas.
Irma Infante / CDMX (verificado por teléfono)
R. La instancia a la que debes ir es Condusef.
Twitter: @galvanochoa
Facebook: @galvanochoa

lunes, 24 de febrero de 2020

Emilio Lozoya y la plutocracia gansteril

Emilio Lozoya y la plutocracia gansteril
E
n los albores del neoliberalismo a inicios de los años 70 −y con mayor profundidad en México desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a finales de los 80−, las organizaciones de lo que se dio en llamar entonces crimen organizado comenzaron a abandonar la marginalidad y se instalaron en el corazón de nuestros sistemas políticos y económicos, ya no como una anomalía sino como un indicador de la evolución criminal del mundo moderno. Dada su naturaleza profundamente depredadora, y debido a su esencia parasitaria y encubierta, las nuevas organizaciones criminales se vieron obligadas a actuar con discreción; es decir, en las sombras, ya que su actividad es punible conforme al Estado de derecho formal.
La así llamada liberalización que convierte todo en mercancía, resumida en el trinomio privatizaciones-unificaciones territoriales-desregulación de los mercados (insurgencia plutocrática la llamó Robert J. Bunker), benefició aún más a los grupos de la economía criminal, que encontraron nuevas oportunidades de expansión e ingresos. Y debido a que entre sus objetivos principales figura la acumulación de poder y de lucro, la globalización comercial y financiera les permitió invertir de forma masiva en la economía legal y multiplicar sociedades de fachada (tapaderas legales con métodos empresariales clásicos), con el fin de encubrir fraudes, cohechos, tráfico de influencias, vaciamientos de empresas, quiebras fraudulentas, malversaciones, peculados y diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita (como el lavado de dinero procedente de la corrupción y la defraudación fiscal) o derivadas de asociaciones delictuosas, a través de sofisticados esquemas financieros.
El salinismo fue el cuerno de la abundancia de funcionarios gubernamentales y empresarios criminales que tomaron el país como botín. En su seno surgieron nuevos funcionarios políticos, empresarios y banqueros schumpeterianos de tipo mafioso: innovadores, oportunistas, pragmáticos, agresivos, con una nueva racionalidad económica; regidos por una destrucción creadora al servicio de la máxima rentabilidad y la eficacia de la gestión capitalista, por lo que desde las alturas del poder sexenal se relacionaron con múltiples socios especializados del ámbito de la economía legal: financieros, juristas, fiscales y publicistas, indispensables para realizar el proceso de blanqueo, consistente en acumulación, colocación e integración de capitales.
Ese contacto prolongado produjo cierta contaminación y dio lugar a un nuevo tipo de actor económico: el funcionario y/o empresario legal y criminal, un modelo intermedio entre el mafioso y el hombre de negocios tradicional, al que el experto Jean-Francois Gayraud define como empresario gris o socio silencioso pero activo de los grupos de la economía criminal. El número de esos híbridos político-económico-financieros −que en Italia definen como en olor de mafia− y que operan como intermediarios, puentes y tapaderas de recursos de la economía legal (blanca) y la economía criminal (negra), creció durante los sexenios siguientes y se multiplicó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, incluyendo la captación de recursos y contratos públicos; la creación de valor vía la corrupción, el soborno o la extorsión, y la inversión masiva de los beneficios del crimen en actividades tanto legales como ilegales.
Es en ese contexto que hay que ubicar la detención en España de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, a quien el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, acusó de ser parte de una presunta estructura criminal que tenía como objetivo central el saqueo sistemático de bienes públicos. Con un agravante: según Javier Coello Trejo, abogado del acusado, él no se mandaba solo; lo que induce a pensar que Lozoya era parte de un sistema de corrupción estructural en cuya cúspide no podía estar sino el presidente de la República Peña Nieto.
Señalado en documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de ser el eslabón principal de una compleja fórmula para maquillar, triangular y desviar transacciones financieras millonarias realizadas por la constructora brasileña Odebrecht, Altos Hornos de México (cuyo dueño Alonso Ancira también está preso en España) y la firma hispana OHL, Lozoya, en proceso de extradición, ha sido acusado por Gertz Manero de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Nieto de un ex gobernador de Chihuahua e hijo de Emilio Lozoya Thalmann, ex director del Issste y secretario de Energía de Carlos Salinas, los hilos de la telaraña de la que forma parte Lozoya Austin, ex director del Foro Económico Mundial de Davos para América Latina, podría involucrar a otros ex integrantes del círculo peñanietista, como Luis Videgaray, Gerardo Ruiz Esparza y Pedro Joaquín Coldwell; empresarios gasolineros, como los hermanos Karam, dueños del grupo Hidrosina; al poderoso ex dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, y hasta políticos y empresarios españoles, como el magnate Juan Miguel Villar Mir, máximo accionista de la constructora y gasera OHL, privilegiada durante el sexenio anterior; Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, y Mar Sánchez Sierra, sus protectores en la Costa del Sol andaluza, sin descartar a ex directivos de la segunda petrolera rusa, Lukoil.

Emilio Lozoya y la plutocracia gansteril

Emilio Lozoya y la plutocracia gansteril
E
n los albores del neoliberalismo a inicios de los años 70 −y con mayor profundidad en México desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a finales de los 80−, las organizaciones de lo que se dio en llamar entonces crimen organizado comenzaron a abandonar la marginalidad y se instalaron en el corazón de nuestros sistemas políticos y económicos, ya no como una anomalía sino como un indicador de la evolución criminal del mundo moderno. Dada su naturaleza profundamente depredadora, y debido a su esencia parasitaria y encubierta, las nuevas organizaciones criminales se vieron obligadas a actuar con discreción; es decir, en las sombras, ya que su actividad es punible conforme al Estado de derecho formal.
La así llamada liberalización que convierte todo en mercancía, resumida en el trinomio privatizaciones-unificaciones territoriales-desregulación de los mercados (insurgencia plutocrática la llamó Robert J. Bunker), benefició aún más a los grupos de la economía criminal, que encontraron nuevas oportunidades de expansión e ingresos. Y debido a que entre sus objetivos principales figura la acumulación de poder y de lucro, la globalización comercial y financiera les permitió invertir de forma masiva en la economía legal y multiplicar sociedades de fachada (tapaderas legales con métodos empresariales clásicos), con el fin de encubrir fraudes, cohechos, tráfico de influencias, vaciamientos de empresas, quiebras fraudulentas, malversaciones, peculados y diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita (como el lavado de dinero procedente de la corrupción y la defraudación fiscal) o derivadas de asociaciones delictuosas, a través de sofisticados esquemas financieros.
El salinismo fue el cuerno de la abundancia de funcionarios gubernamentales y empresarios criminales que tomaron el país como botín. En su seno surgieron nuevos funcionarios políticos, empresarios y banqueros schumpeterianos de tipo mafioso: innovadores, oportunistas, pragmáticos, agresivos, con una nueva racionalidad económica; regidos por una destrucción creadora al servicio de la máxima rentabilidad y la eficacia de la gestión capitalista, por lo que desde las alturas del poder sexenal se relacionaron con múltiples socios especializados del ámbito de la economía legal: financieros, juristas, fiscales y publicistas, indispensables para realizar el proceso de blanqueo, consistente en acumulación, colocación e integración de capitales.
Ese contacto prolongado produjo cierta contaminación y dio lugar a un nuevo tipo de actor económico: el funcionario y/o empresario legal y criminal, un modelo intermedio entre el mafioso y el hombre de negocios tradicional, al que el experto Jean-Francois Gayraud define como empresario gris o socio silencioso pero activo de los grupos de la economía criminal. El número de esos híbridos político-económico-financieros −que en Italia definen como en olor de mafia− y que operan como intermediarios, puentes y tapaderas de recursos de la economía legal (blanca) y la economía criminal (negra), creció durante los sexenios siguientes y se multiplicó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, incluyendo la captación de recursos y contratos públicos; la creación de valor vía la corrupción, el soborno o la extorsión, y la inversión masiva de los beneficios del crimen en actividades tanto legales como ilegales.
Es en ese contexto que hay que ubicar la detención en España de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, a quien el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, acusó de ser parte de una presunta estructura criminal que tenía como objetivo central el saqueo sistemático de bienes públicos. Con un agravante: según Javier Coello Trejo, abogado del acusado, él no se mandaba solo; lo que induce a pensar que Lozoya era parte de un sistema de corrupción estructural en cuya cúspide no podía estar sino el presidente de la República Peña Nieto.
Señalado en documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de ser el eslabón principal de una compleja fórmula para maquillar, triangular y desviar transacciones financieras millonarias realizadas por la constructora brasileña Odebrecht, Altos Hornos de México (cuyo dueño Alonso Ancira también está preso en España) y la firma hispana OHL, Lozoya, en proceso de extradición, ha sido acusado por Gertz Manero de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Nieto de un ex gobernador de Chihuahua e hijo de Emilio Lozoya Thalmann, ex director del Issste y secretario de Energía de Carlos Salinas, los hilos de la telaraña de la que forma parte Lozoya Austin, ex director del Foro Económico Mundial de Davos para América Latina, podría involucrar a otros ex integrantes del círculo peñanietista, como Luis Videgaray, Gerardo Ruiz Esparza y Pedro Joaquín Coldwell; empresarios gasolineros, como los hermanos Karam, dueños del grupo Hidrosina; al poderoso ex dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, y hasta políticos y empresarios españoles, como el magnate Juan Miguel Villar Mir, máximo accionista de la constructora y gasera OHL, privilegiada durante el sexenio anterior; Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, y Mar Sánchez Sierra, sus protectores en la Costa del Sol andaluza, sin descartar a ex directivos de la segunda petrolera rusa, Lukoil.