Comité 68
Discurso para ser pronunciado en el Zócalo
Base de la Declaración
2 de octubre de 2011.
Este aniversario del 2 de octubre, adquiere un significado mucho mayor por los fenómenos de violencia que se están viviendo en México por causas económicas, comerciales, financieras, geopolíticas y militares, reconocidas y semejantes a las de muchos otros países, con esto, se están configurando escenarios de violencia extrema y de guerra muy preocupantes, agravadas por la inutilidad de las medidas desgastadas e inconducentes aplicadas por el gobierno para atenderlos, en particular por las políticas neoliberales en asuntos de seguridad, justicia, educación y empleo, y por la cada vez más descarada intervención de las agencias de seguridad norteamericanas en todos los organismos y niveles de decisión política en México.
En un mundo integrado y globalizado, nadie puede sustraerse al efecto de sus principales determinaciones, y en efecto nos afectan los asuntos petroleros, de la migración, del negocio de las drogas en todas sus fases, de los regímenes políticos diferentes. Nos afectan a escala mundial los problemas de la paz, el desarrollo, el hambre, y los derechos humanos de la población (agraviada por la utilización de la fuerzas armadas en las políticas públicas frente a las drogas y la inmigración, y hasta los temas globales de recursos naturales y la amenaza del cambio climático), todos los cuales nos obligan en cada ocasión a pronunciarnos, pero en estas conmemoraciones significativas no sólo mediante intenciones declarativas generales, sino que requieren ser acompañadas de consideraciones específicas respecto a cada ente en lo particular, de cada actor político, ante cada problema, de cada gobierno, de cada nación, de cada organización, de cada pueblo.
En México estamos viviendo situaciones de violencia que alcanzan en sí mismas cifras muy altas y hasta espeluznantes.
Para agravar los problemas, debe decirse que hasta las más elementales prácticas racionales de la vida política están vulneradas y severamente cuestionadas. Hay una crisis de credibilidad extendida, hasta los supuestos datos duros están falsificados, manipulados o mal interpretados; se vive en un país de mentiras y de ocultamientos, de deformaciones de la verdad, de cercos informativos, de manipulación de realidades ficticias para preparar y justificar acciones de fuerza; de estigmatizaciones, de criminalización de segmentos enteros de la población. Los debates y los diálogos no son tales y en poco tiempo quedan exhibidos como monólogos inatendidos e inconexos.
La única verdad categórica que puede sostenerse inequívocamente ante la cantidad de datos acumulados, es que las víctimas de todos los tipos de violencia prevaleciente, de una manera o de otra, son sectores sociales o segmentos poblacionales genéricos, son partes del pueblo de México. Se está desarrollando una práctica de violencia oficial de “limpieza social” que está a punto de configurar el delito de genocidio.
Por eso, este 2 de octubre enarbolamos nuestras movilizaciones y actos en todo el país, con la exigencia de ALTO A LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO.
En la llamada “guerra contra las drogas” las muertes registradas, por su elevado número y por su identificación GENÉRICA estigmatizante COMO NARCOS o NARCOTRAFICANTES, ha conducido a una identificación gravísima con otros fenómenos de naturaleza diferente, como los migrantes por razones de refugio económico, o sectores de comercio ambulante, o de trata de personas, que acumulan también cifras muy altas de víctimas fatales y de casos de violaciones a derechos humanos establecidos.
Y en especial, de manera muy alarmante, con el sector juvenil sin acceso a la educación y sin empleos. Como secuela lastimosa de esa absurda guerra contra las drogas podemos demostrar y sostener que las cárceles están llenas, en un gran porcentaje, de inocentes o de personas con responsabilidades mínimas que pueden ser liberados mediante procedimientos sencillos de custodia ciudadana. Estimamos que podrían ser liberados prácticamente de inmediato 120 mil de los 200 mil presos que existen, que no se requiere construir más cárceles y menos privatizar esos establecimientos. En todo caso, como quiera que se les denomine o se caracterice puede afirmarse que la violencia registrada en este rubro es parte de una guerra contra el pueblo.
Lo mismo sucede con fenómenos asociados a negligencia criminal de las autoridades, por empeñarse en la aplicación de políticas desreguladoras y permisivas de explotaciones mercantiles y de lucro, ignorando las normas de seguridad establecidas y prohijando de esa manera los “accidentes fatales”. Los casos de la Guardería ABC en Sonora, de los mineros de Pasta de Conchos en Coahuila, de casos industriales de gravísimas contaminaciones como Anaversa en Veracruz, (igual que el caso de Bophal en la India ) con el uso de insecticidas y defoliantes como las dioxinas en la frontera norte, o las afectaciones previsibles en la minería a tajo abierto que se está impulsando en México, también son y han sido causa de daños fatales de la guerra contra el pueblo, desplegada en el terreno económico e industrial.
La política gubernamental de promoción de empleo, no sólo registra un déficit de medio millón de empleos al año y acumula los reconocidos 7.7 millones de jóvenes sin trabajo, sino que además añade casos reveladores como El despido masivo de 45 mil trabajadores electricistas realizado por medio de la fuerza armada y de medidas falsamente legales, con pretextos de insolvencia de una empresa que estaba en manos del Estado y de una prometida reorganización laboral, se han venido revelando como una explicación mentirosa y una versión cada vez más insostenible en términos racionales.
En verdad sucede que, esas acciones han lanzado a situaciones de apremio económico grave a esas familias dependientes al día de los ingresos suspendidos. Lo mismo sucede con el tratamiento que las autoridades laborales han dado a las huelgas mineras de Cananea y otros lugares, con pretextos de todo tipo. Cuando de lo que realmente se trata es de imponer una nueva legislación laboral lesiva y regresiva para los trabajadores. Esto también es parte de la guerra contra el pueblo.
También debemos señalar que México está viviendo una prolongada y grave crisis política que se expresa de manera particular en la actuación y desempeño de cada uno de los poderes públicos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que incluso en su más alto nivel viven en crisis permanente.
En este rubro se acumulan, además, los saldos no resueltos de los gravísimos crímenes de Estado perpetrados entre los años de 1968 y hasta 1982 junto con las burdas triquiñuelas judiciales para mantener la impunidad.
La denegación de justicia en México, por los crímenes del pasado y los del presente, está sostenida en la manipulación leguleya, el cinismo insultante y la hipocresía del doble discurso de las autoridades, que simulan acatar las disposiciones de legislación internacional, al tiempo que hacen todo lo posible por evadirlas e incumplirlas.
Hasta el momento, parece que de nada sirven la acumulación de nuevas y antiguias evidencias probatorias de los crímenes oficiales, de la actividad de agente de la CIA de Luis Echeverria, de su descarada promoción de la droga para propósitos de control políticos y su participación en los negocios de la droga por la vía de facilidades de infraestructura para el negocio.
A propósito de todo lo dicho, y de contraste queremos valorar y resaltar el importantísimo papel de la solidaridad y vigilancia internacional respecto a la vida política –en sus modalidades más graves de violencia- que ocurren en el país.
Para señalarlo de manera concreta debemos decir que, ante la visita de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, la Señora Navi Pillay, las autoridades no pudieron ocultar, ni descalificar o controvertir la existencia y las dimensiones del gravísimo fenómeno de la desaparición de personas en tiempos recientes. La cortina de silencio existente hasta hace unos cuantos meses, se desgarró dramáticamente hasta permitir visibilizar la naturaleza y el tamaño del fenómeno. Se pasó del reconocimiento de cuando mucho unas cuantas decenas de desaparecidos, a cifras del orden de 10 mil casos técnicamente susceptibles de ser considerados así.
De la misma manera, la vigilancia internacional ha sido determinante en la exigencia de cumplimiento estricto de los puntos de las sentencias dictadas por tribunales internacionales en contra del Estado Mexicano, por casos de violaciones graves a los derechos humanos. Caso Rosendo Radilla, que en ausencia de ese riguroso escrutinio internacional simplemente no hubiera sido ni siquiera formalmente acatado, como se atrevió la propia SCJN a cuestionar la obligatoriedad de cumplimiento de la sentencia.
El mayor engaño sin embargo, es la supuesta colaboración en asuntos de seguridad conjunta con los estados Unidos. La iniciativa Mérida, los ríos de ayuda económica y militar, las filtraciones de inteligencia para facilitar operaciones encubiertas, la operación de “rápido y furioso” para proporcionar y rastrear armas, la operación de bandas paramilitares, de vuelos no tripulados de aeronaves y de bases de espías y militares norteamericanos en funciones de cooperación están llevando a una situación de intervención extranjera especialmente grave. Todos y cada uno de esas políticas y esos asuntos deben ser revertidos, empezando por la dimisión de Genaro García Luna Secretario de la SSP y ´principal promotor de esas políticas.
En este 2 de octubre de 2011 la lucha contra la Violencia de todo tipo, nos reclama actualizar nuestras denuncias y demandas, avanzar en la formulación general y programática de las demandas populares. En el futuro inmediato, a la distancia, de días, semanas y pocos meses se estarán llevando a efecto decisiones fundamentales para la vida de México. Resoluciones concretas a problemas en curso, decisiones legislativas a problemas de seguridad, empleo, presupuestales y políticos. En todos esos casos la presencia reclamante de los movimientos sociales es una realidad creciente que debe ser atendida. Demandamos el ALTO A LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO. Exigimos ALTO ALA VIOLENCIA POLÍTICA.
¡2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA!
CON LOS ESTUDIANTES DE AYER Y DE HOY ¡VENCEREMOS!
CON LOS ESTUDIANTES DE MÉXICO, CHILE Y DEL MUNDO ¡VENCEREMOS!
Con los trabajadores electricistas, mineros, del transporte de aire, mar y tierra ¡Venceremos!
Con los maestros, los médicos y los trabajadores de salud ¡Venceremos!
Con los campesinos y los obreros del campo ¡Venceremos!
Fraternalmente
Comité 68
Alto a la guerra contra el Pueblo
¡
2 de Octubre No se Olvida! Juicio y castigo a los culpables
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